La acusación del caso de los anestesistas mantiene la petición de cárcel y la defensa pide la absolución

Visto para sentencia. El juez de la Audiencia Provincial escuchó hoy la declaración de los últimos testigos y las definitivas de los abogados en el juicio por un presunto delito de falsificación de documento público en los quirófanos la clínica privada López- Otazu en los años 2009- 2012. El caso, denunciado por el anestesista José Manuel López Caunedo, ha necesitado diez años de instrucción. Caunedo denunció que en la clínica se estaba utilizando su nombre para figurar como anestesista de intervenciciones quirúrgicas de los pacientes de Sacyl en las que no estaba presente, sino que era otro anestesista con incompatibilidad para realizar esas interveciones las que realmente las hacía.

En las conclusiones definitivas, tanto la fiscal, la acusación particular y la representación de Sacyl, mantienen sus peticiones de pena de cárcel para los cinco acusados en esta causa al considerar probada todas las acusaciones. Los defensores defendieron que no hay ninguna evidencia probada de las acusaciones y todo son "indicios y creencias" que no han quedado demostradas en los dos días de juicio.

La fiscal del caso sostiene que lo que podría haber sido sencillo "se ha convertido en un asunto sumamente complejo" en el que, aludiendo a las palabras del propio Caunedo "cruzaron una línea roja" que hace que lo que en principio se tramitó como una irregularidad administrativa "se haya convertido en un delito". Insistió en que documentos como las hojas circulantes y de quirófanos, que se han mostrado como pruebas con tachaduras y correcciones, son documentos públicos y no privados porque los pacientes a los que se operaba eran del cupo de Sacyl, y por tanto, sus historias clínicas pertenecen a la administración pública por lo que descartó la "falsedad ideológica" y apoyó la "falsificación de documentos oficiales". "Eran intervenciones de Sacyl en las que intervenía un anestesista que tenía incompatibilidad para hacerlo. Los documentos en la clínica privada pero son oficiales porque se comunican a SAcyl y eran los que permitían determinar la cantidad a pagar y, por tanto, la alteración tenía trascendencia". La fiscal considera acreditado que el anestesista Juan Carlos Bermejo  intervino en operaciones de cupo que no podía realizar porque no tenía compatibilidad al trabajar en el Hospital de León y que en la documentación de la clínica aparecen tachaduras y correcciones en la documentación para cambiar  su nombre. También consideró "digno de reseñar" el "trabajo laborioso" de Caunedo para comprobar su agenda de intervenciones con las que le atribuía la clínica. "Es sorprendente que Caunedo tenga ordenada su agenda y Bermejo no la haya aportado". Pide tres años de cárcel para los acusados "y nunca una pena mínima de dos años y un día".

 

El abogado del anestesista José Manuel Caunedo aumenta la petición de penas a 6 años de cárcel y 24 meses e inhabilitación para López-Otazu y Juan Carlos Bermejo y dos años para las dos auxiliares encargadas de las hojas circulantes, además de una indemnización de 50.000 euros. "Los acusados, de manera concertada, realizaron la falsificación sistemática, incluso después de que Caunedo dejara su trabajo en la clínica. Se falsificaron tres documentos, la hoja de circulante, el libro de quirófano y las comunicaciones que se hacían a Sacyl y se hizo para que el dortor Bermejo cobrara" las operaciones que no podía hacer por su incompatibilidad."El móvil podría ser una sanción administrativa, pero el delito es la falsificación de los documentos".

La diferencia entre la fiscal y la acusación particular es si el delito fue cometido como funcionario público o privado, por lo que hay diferencia en la petición de penas.

El abogado de Sacyl se adhiere a las tesis de la acusación. "En la clínica López-Otazu había irregularidades" y considera acreditado que las clínicas privadas en esos años "sobrevivían gracias a las derivaciones de Sacyl porque la actividad privada era casi inexistente, tal como declaró el gerente de área Díez Baldeón. "¿Cómo es posible que si estás clínicas no tenían prácticamente actividad privada, el doctor Bermejo, que tenía incompatiblidad para operar pacientes públicos, tuviera más actividad que los otros dos anestesistas y operara todas las tardes en la clínica?" Según los datos aportados por Hacienda, Bermejo era el anestesista que más cobraba de la clínica. Los abogados defensores atribuyen esa diferencia a que tenía otras responsabilidades en la clínica.

 

El abogado defensor de Juan Carlos Bermejo pide su absolución. "No tenía incompatilidad para trabajar en una clínica privada y no operó nunca a pacientes público, pero en el caso de que fuera así sería una sanción administrativa, no penal". Puso en duda la información de los libros de quirófano "que como hemos visto no son mucho de fiar" y dijo que el único documento fiable para conocer el nombre de los profesionales que intervienen en una operación "son las historias clínicas". "Ha quedado demostrado, como lo dicen los testigos y acusados, que mi defendido nunca dio ninguna instrucción para que se modificaran esos nombres". Defendió que esos documentos son privados y no públicos "porque nunca pasan a engrosar los archivos de Sacyl y no forman parte de la historia clínica, son documentos internos, privados". Aseguró que en este proceso "hay muchas presunciones, pero no delitos". Pidió un atenuante a una posible pena por la dilación del proceso. "Diez años de proceso y una enfermedad crónica que le ha generado un brote, en el que se encuentra". Rechazsa la petición de inhaabilitación y la absolución "porque no hay ninguna prueba".

El abogado de Joaquín López-Otazu insiste en que la gestión de la clínica le correspondía a la madre del denunciado. "Todos los convenios con Sacyl los firmaba ella, hasta el último que se firmó. Esta mujer murió en 2013 pero tenía capacidad de raciocinio y poco antes de fallecer otorgó un poder notarial a sus hijos". Insistió en las dudas de la conservación de la cadena de custodia de los documentos, para los que planteó la nulidad. "Parece que Caunedo es del director del proceso y ese informe que hizo con colonires me da igual". Cuestionó la duración de la intrucción, que no consideró necesaria. "Había unas expectativas para buscar una estafa y malversación de fondos que no se han encontrado y se ha inflado un globo porque el caso se sobreseyó en 2016". "Mi cilente está demonizado como si fuera un monstruo que ha creado un sistema clientelar. Tiene una trayectoria intachable. No hay un sólo documento en el que figure él como director médico. Caunedo ha mentido, ha dicho que mi cliente le ofreció 1.000 euros anuales por utilizar su nombre y es mentira". Pidió su absolución por falta de pruebas.

Las defensas de las auxiliares de clínica también destacaron la dilación indebida del proceso "que no es complejo". "Aquí se ha inflado y manipulado pragmáticamente una instrucción por parte del denunciante. "Todo lo que nos conscierne ya estaba en el procedimiento en 2016". Niega la responsablidad civil "que excede del juicio oral" y que "sólo pretende calmar el afán de lucro del denunciante". "El derecho es una ciencia y no puede operar por creencias. Creer no es conocer" y recordó que el administrador de la clínica reconoció en la sesión de ayer ser el autor de algunas de las tachaduras que aparecen en las hojas circulantes". Pidió la absolución de Esther Fernández por no acreditarse su implicación en la causa.

Lo mismo sostuvo el abogado de María Luz de la Varga. "Las correcciones no han sido reconocidas por ella y no ha sido probado que lo hiciera y no existen testigos, todo son suposiciones y no hay pruebas caligráficas que lo prueben, y recordó que el administrador de la clínica reconoció ayer como testigo que realizó algunas correcciones después de detectar un error informático. "Esas hojas circulantes no se mandaban a ningún sitio, eran de control interno y en los huecos en los que no aparecía el anestesista son operaciones ambulatorias. Son documentos privados, no públicos". Pidió la absolución o, en todo caso, reducción de pena por dilaciones indebidas del proceso".