López-Otazu niega ser el responsable de la gestión de su clínica

El juicio en la Audiencia Provincial por un posible delito de falsificación de documentos oficiales cometidos en los quirófanos de la clínica López- Otazu entre los años 2009 y 2012, denunciado por el anestesista José Manuel Caunedo tras detectar que se utilizaba su nombre sin su consentimiento en operaciones en las que él no estaba presente para que no apareciera como responsable Juan Carlos Bermejo, con incompatibilidad para operar a pacientes de Sacyl al estar trabajando en el Hospital de León, comenzó con el intento de la defensa de anular la prueba principal. El abogado de Joaquín López-Otazu, cirujano y director de la desaparecida clínica privada —uno de los cuatro acusados que se sientan en el banquillo—, planteó la nulidad de los expedientes, hojas circulantes y libros de quirófano presentados como prueba principal por considerar que no se había respetado la cadena de custodia hasta la entrega para la instrucción del caso. El juez rechazó la petición.

En las siete horas que duró la primera sesión del juicio, que continúa hoy, los acusados ofrecieron testimonios confusos y contradictorios. «No lo recuerdo», fue la frase más escuchada. Todos los acusados dijeron desconocer por qué aparecía el nombre de Caunedo en las operaciones, quién decidía lo que se pagaba a los anestesistas y por qué concepto, quién modificó y tachó los nombres para poner otros en las hojas circulantes y el libro del quirófano y cómo se controlaba en los quirófanos si los pacientes operados procedían de la sanidad pública o privada.

Joaquín López-Otazu, acusado de un presunto delito de falsedad de documento público, como el resto de los imputados, negó que fuera responsable de la gestión de la clínica y atribuyó a su madre, ya fallecida, la administración única del centro sanitario. «Yo nunca me he encargado de la administración de la clínica, que gestionaban ella y el gerente, Orlando Martín. Yo sólo operaba». Algunos testigos y acusados declararon que él era la persona con la que trataban.

Orlando Martín no está imputado en esta causa y declaró como testigo. En su testimonio dijo que las irregularidades en las que aparece el nombre de Caunedo en las operaciones que no hizo se debieron a un error informático, pero no supo explicar por qué era precisamente Caunedo, que sólo acudía un día por la mañana para operar a la clínica, el que más operaciones asignadas tenía por las tardes, cuando sí operaba Bermejo. También reconoció que cuando se dio cuenta del error, el mismo corrigió a mano «dos o tres» expedientes.

Juan Carlos Bermejo, anestesista del Hospital de León y que presuntamente cobró las que se le atribuyeron a Caunedo, negó tener conocimiento de que operaba a pacientes de Sacyl. «Yo firmé un contrato con la clínica en la que se advertía de mi incompatibilidad para operar a pacientes de Sacyl. Cobraba por proceso y me pagaban con cheques», dijo, y no supo explicar porqué aparecía su nombre o sus iniciales (B) en las hojas circulantes y tachado y corregidos posteriormente para poner a otros anestesistas como Llorente o Caunedo, que sólo trabajaban en la privada. «Yo confiaba en que la clínica se ajustaba a mi contrato».

En este caso están acusadas también dos auxiliares de enfermería. Las dos negaron que las tachaduras y las correcciones en las hojas circulantes y de quirófano las hicieran ellas. María Esther Fernández dijo desconocer si los pacientes operados eran de Sacyl o privados, lo que sí dijo saber Mari Luz de la Varga. «Los quirófanos ya estaban organizados», y dijo desconocer que Bermejo no pudiera operar a pacientes de Sacyl». Las dos negaron ser las autoras de las correcciones en los documentos firmados por ellas.

Caunedo testificó como testigo y denunciante y se mantuvo en sus acusaciones.