La exconsejera de Empleo Ana Carlota Amigo impugna la polémica selección del gerente del Ildefe

A la tercera parece que tampoco va a ser la vencida . Después de que fracasara la fórmula del dedazo y que tampoco prospera la segunda maniobra para aprobar de tapadillo la designación mediante promoción interna, reservada sólo al personal de la casa, la polémica selección para el puesto de gerente del Instituto Leonés de Desarrollo Económico, Formación y Empleo (Ildefe) se topa ahora con el juzgado. El magistrado de lo Social número 2 deberá resolver si anula el proceso ante la denuncia presentada por la exconsejera de Economía de la Junta, Ana Carlota Amigo, en la que advierte de que las restricciones impuestas para el cargo de la sociedad 100% de capital del Ayuntamiento «parece que están hechas para algún candidato específico».

Amigo, que volvió a su puesto de trabajo en el Ildefe tras su paso por la Junta y por el Ayuntamiento como concejal de Cs, se declara perjudicada por las bases de la convocatoria del concurso de méritos.

El proceso, como señala en su denuncia, «vulnera los derechos constitucionales a la igualdad en términos globales», además de que atenta contra «los derechos fundamentales de acceder a los cargos públicos en condiciones de igualdad y respetando los principios de mérito y capacidad».

Como consecuencia, la exrepresentante pública, que se dio de baja de la formación naranja  el pasado 10 de febrero, reclama que de manera cautelar se paralice la selección ante la «antijuricidad» de las bases debido a «los requisitos de titulación y de experiencia profesional», además de que cuestiona  «la valoración de la experiencia».

La demanda incide en la vulneración de los principios de igualdad y mérito al restringir que los aspirantes deben «estar en posesión de titulación universitaria de Grado o Licenciatura en Ciencias Económicas o Empresariales, Administración y Dirección de Empresas, o Derecho».

Esta condición «excluye el resto de las titulaciones que pudieran ser igualmente aptas para desarrollar el puesto de trabajo de director-gerente», como apunta Amigo en su impugnación, en la que incide en que «es público y notorio que hay directores­ gerentes de todo tipo de empresas que son ingenieros de cualquier rama, físicos, matemáticos, biólogos, sociólogos, graduados en relaciones laborales, veterinarios o cualquier otra titulación». «Lo que realmente deberá exigir la convocatoria es estudios universitarios de forma genérica, pero no excluir la mayoría de ellos, incluso algunos siendo con enseñanzas similares de la rama económica y jurídica. Se puede exigir estudios universitarios de grado, licenciatura o postgrado, pero es discriminatorio no permitir el acceso a la función pública según cual sea la rama de estudio», señala la demandante, que se declarar perjudicada al tener «Graduado en Relaciones Laborales, además de gran variedad de estudios, experiencia y formación en la materia».

Dentro de «este esfuerzo de restringir el acceso a este puesto de trabajo», la exconsejera de la Junta censura que se requiera «acreditar un período mínimo de un año de experiencia en la dirección o gerencia de sociedades privadas o de sociedades de capital 100% o mayoritario de administración pública, durante los últimos diez años». «Ninguno de los dos plazos tiene una justificación objetiva, razonable, y claramente va en contra de los estatutos de la sociedad que exigen exclusivamente una reconocida experiencia en el campo de la gestión empresarial o administrativa, sin que las limitaciones impuestas en estas bases justifiquen ese reconocimiento en tanto en cuanto excluyen a personas que efectivamente puedan tener experiencia en dichos campos de gestión empresarial o de gestión administrativa, plenamente aptos para desarrollar el trabajo ofertado», se extiende, tras insistir en que no se razona «por qué las funciones de gerencia sólo pueden haberse desarrollado en sociedades privadas o de capital íntegro o mayoritario público».

La acción judicial se centra además en la irregularidad de la «valoración de la experiencia». En su demanda, Amigo subraya en que «de forma también absolutamente arbitraria se establecen unas valoraciones claramente discriminatorias». El escrito recoge que «a pesar de que el gerente del Ildefe debe y puede ser un profesional de reconocida experiencia en el ámbito de la gestión administrativa, excluye de valoración la experiencia en dirección y gestión realizado en cargos de designación política». 

La demandante mantiene que «resulta muy llamativa la exclusión de la valoración de la experiencia, en funciones de dirección y gestión, por una razón claramente subjetiva, como es el hecho de haber accedido por designación política». «Se desconoce la razón de por qué alguien que ha desempeñado tareas de dirección de una entidad pública o privada por designación política puede ser excluido y, en cambio, alguien que es designado simplemente por ser hijo del propietario de la empresa privada, sí puede ver puntuada o valorada su experiencia profesional», apunta Amigo, quien apostilla que «llama más la atención que se haga esta exclusión de la valoración por quienes precisamente han podido tomar esa decisión desde su cargo político».

Primero a dedo

Más de dos años después de que quedara vacante por jubilación, la plaza del gerente del Ildefe enreda al gobierno municipal de José Antonio Diez. Después del intento de la concejala Susana Travesí de colocar  a su compañero de bufete jurídico, que contaba con el beneplácito del alcalde pero dio marcha atrás por la amenaza de la UPL, el PP y Cs de bloquearlo, hace menos de un año se intentó hacerlo por elección entre los trabajadores del instituto. Pero la oposición también se opuso. El consejo se reúne este jueves de urgencia para adoptar la estrategia judicial.