Villahierro coloca nuevas cámaras para vigilar ángulos muertos
Un recluso denunció la agresión de unos funcionarios en una zona sin grabación
Dependencias interiores de Villahierro. JESÚS F. SALVADORES
El Centro Penitenciario Provincial de Villahierro deberá instalar cámaras de vigilancia y grabación en varias dependencias interiores en las que quedaban ángulos muertos, tras la denuncia interpuesta por un recluso que aseguró haber sido agredido por funcionarios de la institución en una zona excluida de las grabaciones. La queja fue interpuesta ante el Defensor del Pueblo.
El Defensor del Pueblo ha sugerido que, para determinados centros penitenciarios, se amplíe la instalación de cámaras de videovigilancia a todas las zonas comunes, con el objetivo de que lo dispuesto en la instrucción sea cumplido.
La decisión se adopta a raíz de la queja recibida de un interno del Centro Penitenciario de León, que exponía que fue agredido por funcionarios y un jefe de servicios en un punto ciego —es decir, sin cámaras de videovigilancia— en los rastrillos, el Defensor del Pueblo formuló la Sugerencia a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias de que se amplíe la instalación de cámaras de videovigilancia a todas las dependencias y zonas comunes de ese centro penitenciario, con el objetivo de poder garantizar tanto la integridad física de la población penitenciaria como el orden y la seguridad del establecimiento.
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El Defensor del Pueblo también recoge una agresión en la oficina de expedición del DNI
No es la única sugerencia formulada por el Defensor del Pueblo en lo referente a León. Subraya que una ciudadana se personó en la oficina de expedición del documento nacional de identidad (DNI) a renovar su documentación personal y, tras una discusión con la funcionaria que la atendía, fue víctima, según indicaba, de una agresión por los agentes del Cuerpo Nacional de Policía allí presentes, que la arrastraron y le causaron diversas lesiones, por las que fue objeto de atención sanitaria. Por estos hechos se tramita un procedimiento judicial, por el Juzgado de Instrucción número 3 de León, por un delito de atentado. Además, la interesada interpuso una denuncia contra los agentes que la agredieron, que es objeto de otro procedimiento diferente.
El Defensor del Pueblo tuvo conocimiento, a partir de noticias aparecidas en los medios de comunicación, de la expulsión, en la estación de Palencia, de un grupo de veintidós menores que, acompañados de dos monitores, realizaban el recorrido Barcelona-León a bordo de un tren de larga distancia de Renfe.
El Defensor del Pueblo consideró procedente iniciar una investigación de oficio por si los hechos pudieran suponer una violación de los derechos de los menores. Renfe ha informado de la incoación de un expediente laboral disciplinario al empleado.