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«Hierve la sangre al ver que dan más beneficios al agresor»

Obligan a turnar el hogar familiar a una víctima de violencia de género

La mujer salió del hogar por orden judicial pero residirá justo al lado de su agresor, en otra casa propia. RAMIRO

León

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No es una historia fácil. M.M. y sus hijos fueron víctima de maltrato, según una sentencia judicial. Tras recibir los golpes, el vaso se llenó el 3 de julio de 2019. Hubo llamada a la Policía, que intervino, y tras la denuncia, el hombre tuvo que abandonar la casa familiar situada en el entorno del Polígono 58 de León.

El hombre fue condenado a 4 años de cárcel, pero logró que por problemas de salud le conmutaran la pena de entrada a prisión por 290 días de trabajos comunitarios. En sus recursos ante los tribunales también logró recuperar la vivienda familiar. O, al menos, que la jueza encargada del caso le concediera usarla por periodos de un año de forma alternativa con su exmujer. En realidad, la expareja posee dos pisos y en este reparto provisional se turnarían la vivienda ‘buena y mala’, ya que una de ellas carece de ascensor.

El matiz es que cumplir el mandato judicial implicó ya ayer el desalojo de esta madre y sus hijos de su residencia habitual para que pudiera entrar el excónyuge, y como no aceptan ir a residir al piso sin ascensor por los problemas articulares de la mujer, la madre y los hijos han decidido alojarse en la vivienda herencia de los padres maternos que está allí mismo, casi pared con pared, por estar dotada de mayores comodidades.

Eso complica la orden de alejamiento de 500 metros que debe cumplir el hombre calificado de agresor respecto a su exmujer y sus hijos, ya que apenas 20 metros separan el portal 2 del número 3, donde se acaban de mudar tras el desalojo. Las protestas y recursos de la mujer no han tenido eco en materia de vivienda y, aunque la sentencia no es firme porque está recurrida ante el Tribunal Supremo, la jueza de León sí ordenó que salieran del piso familiar para que entrara por turnos anuales el exmarido. Un hecho que se ha producido a través de un desahucio a las 10.30 horas de la mañana de ayer, sin resistencia.

«Te hierve la sangre al ver que dan más beneficios al maltratador que a la víctima, y no entiendo la prisa que hay ahora para que salgamos de la casa cuando no existe aún sentencia firme, y en cambio la justicia es lenta en otros trámites como la liquidación de gananciales, por la que llevo esperando cuatro años».

Ella alega que no puede irse a esa segunda casa que aún posee en común con su expareja porque carece de ascensor y ella padece de la espalda y las articulaciones, «todo ello acreditado con resonancias magnéticas». El hombre también alegó que padeció un ictus que le ha impedido la movilidad. Ella lamenta que la justicia «le premie a él», lamenta, y que no se tenga en cuenta que reside con sus hijos de 21 años y 30. Una comisión judicial procedió ayer al desahucio de los tres tras estudiar las características del caso. Los tribunales determinaron que no quedada más remedio que permitir que se quebrante la orden de alejamiento, circunstancia que la víctima pondrá en manos de un abogado. Un importante dispositivo policial vigiló el traslado.