Patrimonio multa al Ayuntamiento por el derribo de las fachadas protegidas de La Rúa

Pese a saltarse la Ley de Patrimonio Cultural de la comunidad, el derribo de las fachadas protegidas de la calle La Rúa se saldará con dos multas que suman apenas 13.000 euros. Nada más e, incluso, menos, si se atiende a su pronto pago. La responsabilidad se la reparten la promotora de la construcción del complejo en el que se arman 30 viviendas de lujo, Lino Casquero, a la que se impone una sanción de 10.000 euros, y el Ayuntamiento de León , al que se aplica una carga de 3.000 euros como culpable de autorizar la demolición sin cumplir con los preceptos que marca la normativa.

Las multas se detallan en la propuesta sancionadora instruida por el departamento de Cultura de la delegación territorial de la Junta, contra la que cabe recurso ante la Dirección General de Patrimonio. El documento incide en que el promotor de la urbanización de lujo, que abarca desde la plaza de San Marcelo hasta la calle La Rúa, incurrió en una infracción del artículo 84, apartado a), al acometer el derribo de las fachadas protegidas «sin la autorización preceptiva de la Consejería competente en materia de cultura, o incumpliendo sus términos».

Sin salirse del mismo precepto, pero identificado con la letra e), se sentencia que el gobierno municipal de José Antonio Diez se saltó la legalidad al otorgar orden de ejecución de los trabajos «sin la autorización previa y preceptiva», además de que no adoptó «las medidas oportunas en el supuesto de ruina» que afectaba a los restos de los edificios de la vía vertebradora del Camino de Santiago en el casco histórico.

Esta pertenencia al itinerario de la Ruta Jacobea, que ampara a las edificaciones, se extendía a los tres inmuebles en los que se derribó la fachada: los números 20 y 18 tenían asignado «un grado de protección IV-A», mientras que la casa identificada con el portal 16 apuntaba «un grado de protección III, de acuerdo al Plan Especial de Ordenación, Mejora y Protección de la Ciudad Antigua de León». Aunque ninguna de estas figuras de conservación evitó que el Ayuntamiento de León diera el visto bueno para que se derribaran con la justificación del «riesgo de colapso» que se había anunciado con la caída de cascotes el día 31 de enero.

Pero la ejecución se hizo por encima de la normativa. Pese a que el reglamento de Patrimonio admite las actuaciones excepcionales ante «peligro inminente de daños a personas», el Ayuntamiento de León, responsable de incoar el expediente de ruina, debería haber comunicado con carácter inmediato a la delegación territorial el derribo. No lo hizo. Ni en la primera jornada, ni en las siguientes, mientras avanzaban los trabajos de derribo de las fachadas que habían empezado a desprenderse como consecuencia de «las excavaciones que se realizaban para la ejecución de los muros de sótano perimetrales», como admitieron los responsables del proyecto. No tenían permiso para más, sino que debían atenerse a las cautelas arqueológicas que ya habían permitido la aparición de restos romanos y medievales. Ahora, el avance ya tiene un obstáculo menos, después de pagar la multa.

Respuesta municipal

Los servicios jurídicos del Ayuntamiento de León recurrirán por la vía administrativa la propuesta de sanción remitida por la Junta de Castilla y León este jueves, según anunció en una nota de prensa en relación a la información desvelada este viernes por Diario de León. "Esta está motivada por el derribo controlado, y por seguridad, de las fachadas de los números 16, 18 y 20 de la calle La Rúa, donde actualmente se ejecutan trabajos de construcción", señala. “Consideramos totalmente injusta e injustificada esta propuesta, que será recurrida por los servicios jurídicos municipales tanto en vía administrativa como en la contenciosa si fuera preciso”, ha explicado el concejal de Desarrollo Urbano, Luis Miguel García Copete.  

“En un primer momento se nos acusó de haber concedido licencia a la constructora para la demolición de las fachadas, cuestión totalmente falsa y que queda acreditada por los técnicos municipales. Ahora, se nos imputa la falta de comunicación del derribo ignorando que la actuación municipal se limitó a constatar la existencia de un peligro real, cierto e inminente de derrumbe. Esto obligó al derribo controlado de las fachadas a la mayor brevedad posible para garantizar la seguridad de los viandantes y residentes de los inmuebles cercanos”, ha argumentado el edil.