La Junta construirá en León 120 viviendas colaborativas con espacios comunes para jóvenes
El Consejo de Gobierno ha autorizado una aportación dineraria de 48.619.789 euros para financiar la construcción de 1.102 viviendas en varias ciudades de Castilla y León
El Consejo de Gobierno ha autorizado hoy una aportación dineraria a la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León (Somacyl) de 48.619.789 euros para financiar la construcción de 1.102 viviendas colaborativas en régimen de protección legal, destinadas al alquiler social, principalmente para jóvenes, en varias ciudades de Castilla y León, a través del ‘Programa de construcción de viviendas en alquiler social en edificios energéticamente eficientes’, cofinanciado con fondos europeos Next Generation EU. Se construirán un total de 120 viviendas en León.
Estas 1.102 viviendas ‘cohousing’ (vivienda colaborativa con espacios comunes), que construirá la Junta de Castilla y León, a través de Somacyl, con la cofinanciación de fondos europeos, estarán ubicadas en terrenos titularidad pública de las ciudades de Ávila (40 viviendas), Burgos (268), León (120), Palencia (50), Segovia (100), Soria (40), Valladolid (444) y Zamora (40 viviendas).
En virtud de varios acuerdos firmados los últimos meses por los Gobiernos nacional y autonómico, a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Next Generation EU, Castilla y León va a ver incrementado el parque público de viviendas para alquiler. Así, a las 1.102 derivadas del acuerdo autorizado hoy por la Junta, hay que añadir otras 103 en la ciudad de Salamanca y 36 en Valladolid –que promoverán directamente los ayuntamientos respectivos–, y que estarán cofinanciadas por ambos municipios y la Junta con cargo a los fondos europeos Next Generation EU.
El ‘Programa de construcción de viviendas en alquiler social en edificios energéticamente eficientes’, dentro del que se inscriben las obras que va a ejecutar Somacyl, prevé la promoción de viviendas de nueva construcción o rehabilitación de edificios no destinados actualmente a vivienda sobre terrenos de titularidad pública para ser destinadas al alquiler o cesión en uso durante un plazo mínimo de 50 años, de acuerdo con las condiciones.