Persiste la inseguridad jurídica de las pedanías, ignoradas en Madrid
La legislatura acaba sin una solución para atajar la inseguridad jurídica en la que sobreviven las juntas vecinales de Léon, aunque ha sido una cuestión que se ha tratado en numerosas ocasiones en los plenos de la Diputación provincial, institución que es absolutamente consciente de la precariedad que condiciona la gestión de los pueblos de León.
La figura del secretario-vecino es la que sigue vigente para poner un parche en la falta de funcionarios de habilitación nacional para llevar las cuentas de las pedanías.
Hasta el propio presidente de la Diputación, Eduardo Morán, ha reconocido que la figura administrativa que rige las juntas vecinales es una auténtica desconocida en Madrid, donde durante este mandato ha trabajado para que se mejore su situación.
Fue el actual Gobierno quien recuperó la legalidad de esta figura para facilitar la gestión de las entidades locales menores que no tuvieran acceso a un secretario municipal o cuyos asuntos no pudieran ser tramitados por el Servicio de Atención a Municipios (SAM) de la Diputación.
La decisión, publicada en el Boletín Oficial del Estado con fecha del 30 de marzo de 2019, pretendía zanjar una polémica que tenía una especial incidencia en León, con un tercio de las ELM existentes en todo el país, y que cuenta con municipios integrados hasta por cuarenta pueblos amparados por esta figura administrativa.
Su habilitación sigue dando problemas a los pueblos hasta el punto de que aquellas que han tenido que realizar un nuevo nombramiento no han podido ni siquiera cumplir con la obligación del rendimiento de cuentas, como ocurrió por ejemplo en el ejercicio 2019.
Son unas 600 las juntas vecinales que en León sólo cuentan con el secretario vecino para llevar a cabo sus trámites y, pese al decreto de 2019, no se reconoce su papel como fidatario de una administración pública en muchas circunstancias.
La amenaza de la desaparición fue más fuerte que nunca con la aplicación de la conocida como Ley Montoro, en 2013, que obligaba a la rendición de cuentas de todas las administraciones, también las menores, ante el organismo fiscalizador correspondiente.
Aquel cambio supuso un fuerte impacto para las pedanías leonesas, que se vieron obligadas a acelerar su transformación para adaptarse a las nuevas circunstancias normativas.
Poco duro el empeño. La exigencia de la mencionada ley solo duró un ejercicio por lo que en los siguientes años se notó un declive notorio en el índice de cumplimiento.
En el último ejercicio registrado por el Consejo de Cuentas de Castilla y León, solo el 46 por ciento de las 1.228 entidades locales leonesas ha cumplido con la rendición de cuentas frente al 54 por ciento de Castilla y León.
Desde la Junta, este mandato se ha creado una bolsa para secretarios interinos y conseguir mayor agilidad en la cobertura de los puestos de habilitado nacional. La Consejería de Presidencia, impulsora de la iniciativa, tiene como objetivo mejorar la calidad en la prestación de los servicios a la hora de dar un soporte legal y administrativo y dar un respiro a los ayuntamientos del mundo rural, cuyos secretarios municipales se ven en muchos casos desbordados para atender a las juntas vecinales de su municipio.