Diez continúa con el polémico nombramiento del gerente del Ildefe pese a estar denunciado

Estuvo paralizado más de dos años a la espera de que amainara la polémica por el intento de la concejala socialista Susana Travesí de colocar a dedo a su compañero de despacho jurídico, pero ahora no se puede esperar. Pese a la denuncia presentada por la exconsejera de Economía de la Junta y trabajadora del organismo, Ana Carlota Amigo, el equipo de gobierno de José Antonio Diez en el Ayuntamiento de León seguirá adelante con la selección del puesto de gerente del Instituto Leonés de Desarrollo Económico, Formación y Empleo (Ildefe). Después de que el juez denegara la suspensión cautelar solicitada por la denunciante, que no proponía ninguna cantidad económica a modo de caución para amparar su reivindicación, los rectores del consistorio consideran necesario avanzar en el procedimiento, a pesar de que podría anularse por completo, una vez resuelta, si el juzgado atiende los argumentos que defienden que las restricciones impuestas «parece que están hechas para algún candidato específico».

Ajeno a cualquier cautela jurídica, el gobierno municipal, que ya tuvo que frenar los dos primeros procesos de selección que intentó tras la jubilación del anterior gerente, uno por el intento de dedazo y otro por la promoción interna contra la que se pronunciaron todos los grupos de la oposición, ha nombrado ya el tribunal que se encargará de valorar los méritos de los 17 aspirantes que se presentaron al concurso abierto por el Ayuntamiento de León para cubrir la plaza de director de su sociedad municipal con 100% capital público. Entre ellas se incluye la solicitud de la exconsejera de Empleo de la Junta, que volvió a su puesto como trabajadora del Ildefe después de que Ciudadanos quedara fuera del gobierno autonómico, aunque ni siquiera se tomará en consideración dado que no cuenta con la «titulación universitaria de Grado o Licenciatura en Ciencias Económicas o Empresariales, Administración y Dirección de Empresas, o Derecho», como se exige en las bases de la convocatoria.

La condición se cita como principal argumento de Amigo para defender que la convocatoria «vulnera los derechos constitucionales a la igualdad en términos globales», además de que atenta contra «los derechos fundamentales de acceder a los cargos públicos en condiciones de igualdad y respetando los principios de mérito y capacidad». En su denuncia ante el juzgado de lo social se incide en que el la decisión de acotar el proceso a unos estudios específicos «excluye el resto de las titulaciones que pudieran ser igualmente aptas para desarrollar el puesto de trabajo de director-gerente». Como complemento para su tesis, la exconsejera de Empleo, que presentó su baja de Ciudadanos el 10 de febrero, reseña que «es público y notorio que hay directores gerentes de todo tipo de empresas que son ingenieros de cualquier rama, físicos, matemáticos, biólogos, sociólogos, graduados en relaciones laborales, veterinarios o cualquier otra titulación».

Frente a la acotación impuesta por el gobierno de Diez para el proceso de selección de personal, la denunciante reclama que la convocatoria se abra a «estudios universitarios de forma genérica», sin «excluir la mayoría de ellos, incluso algunos siendo con enseñanzas similares a la rama económica y jurídica». «Se puede exigir estudios universitarios de grado, licenciatura o postgrado, pero es discriminatorio no permitir el acceso a la función pública según cual sea la rama de estudio», señala Amigo, que subraya su legitimidad y se siente perjudicada por no participar al contar con el como graduado en Relaciones Laborales.

Junto con los requisitos de titulación, la denunciante insiste en la irregularidad de las bases que requieren «acreditar un período mínimo de un año de experiencia en la Dirección o Gerencia de sociedades privadas o de sociedades de capital 100% o mayoritario de Administración Pública, durante los últimos diez años». La limitación «está absolutamente injustificada, tanto en lo que respecta al tipo de entidad en la que se debe haber desarrollado la actividad profesional, como en relación con los plazos», como señala Amigo en la denuncia sobre la que debe pronunciarse ahora el magistrado del juzgado de lo Social número 2 de León.

La denuncia, en la que se incide en que los criterios de las valoraciones son «absolutamente discriminatorios», abunda en que «las restricciones en relación con los plazos también parece que están hechas para algún candidato específico, ya que no parece justificado que se exija por un lado un año de experiencia en la dirección o gerencia de unas determinadas organizaciones y que, además, lo sea solo en los últimos 10 años». «Ninguno de los dos plazos tiene una justificación objetiva, razonable y claramente va en contra de los estatutos de la sociedad», señala Amigo.