Los funcionarios de justicia amenazan con cerrar los juzgados desde el día 22
Los manifestantes cortaron el tráfico en La Inmaculada. M.Á.Z.
Alrededor de un centenar de funcionarios de la administración de Justicia en León cortaron el tráfico durante unos minutos en la plaza de La Inmaculada, en protesta por la falta de avances en la negociación con el Gobierno respecto a sus condiciones salariales y laborales.
«No hay novedades por parte del Ministerio de Justicia», explicó Fabricio Gómez (CSIF). «No ha habido ninguna oferta nueva ni propuesta alguna con lo cual tenemos claro que no hay voluntad de alcanzar un acuerdo con los Cuerpos Generales y Especiales de la Administración de Justicia. Pedimos un reconocimiento especial de nuestras funciones, y una revisión de la Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa para marcar en el futuro nuestras condiciones de trabajo».
De no alcanzar un acuerdo según Conchi González (STAJ) no se descarta la huelga general: «Lo haríamos a partir del día 22. Parece mentira que llevemos con paros parciales desde el 17 de abril. El ministerio tiene tiempo para otros cuerpos, pero para nosotros no. No existimos y hay un agravio comparativo con letrados y magistrados que han tenido su oferta. Nosotros sufrimos un trato clasista». Por otra parte las asociaciones de jueces y fiscales estudiarán la última propuesta del Gobierno, que no mejora en términos económicos pero sí en otras cuestiones cualitativas, y darán una respuesta mañana, en la que podría ser la última reunión de la mesa de retribuciones, según la Unión Progresista de Fiscales (UPF).
A la espera de conocer los detalles concretos de la propuesta, que el Gobierno trasladará a las asociaciones, la oferta económica, un paquete de 46,7 millones de euros destinado a mejorar las retribuciones de la judicatura y la fiscalía, no ha variado, ha confirmado a los medios la presidenta de la Asociación de Fiscales (AF), Cristina Dexeus, a su salida del encuentro.
Las asociaciones que optan por iniciar una huelga indefinida el próximo lunes -que pospusieron en aras del diálogo- mantienen su convocatoria, mientras que la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la mayoritaria entre los jueces y la más conservadora, sigue dejándola en suspenso.
Tras presentar un borrador de oferta al comienzo de la reunión este mediodía, el Gobierno ha escuchado las aportaciones de las asociaciones judiciales y fiscales y «se ha comprometido a estudiarlas».