CSIF impugna la oferta de empleo del Incibe por no aclarar los méritos a valorar

El sindicato CSIF, que preside el comité de empresa del Instituco Nacional de Ciberseguridad (Incibe), señaló ayer que ha presentado una demanda judicial para impugnar la convocatoria pública de personal técnico, cuyas pruebas debían haberse celebrado ayer y que se suspendieron un día antes por parte del organismo. El sindicato denuncia la «incongruencia» de la redacción de las bases del concurso público, que no aclara cómo se valoran los méritos, lo que «puede dar lugar a arbitrariedades a la hora de elegir a los aspirantes».

CSIF denuncia también que no se informó al comité de a qué departamentos de la empresa ni para qué funciones se destinaban los 20 técnicos a contratar en esta convocatoria. «Sobre esto también hay una demanda que está en camino, por la vulneración de derechos fundamentales del comité de empresa, al que se está privando de información sobre los nuevos contratos y condiciones de los trabajadores».

Desde el sindicato de funcionarios destacan también que «la titulación que se exige, sin aclarar grados universitarios o de FP concretos, deja totalmente abierta la valoración de méritos, porque es generalizada».

Los responsables del sindicato explican que la convocatoria de esta oferta de empleo del Incibe se publicó el 15 de marzo. «El día 28 enviamos a la empresa un correo electrónico, y otro el 14 de abril, para pedir que se subsanaran los errores detectados. Ante la falta de respuesta, el día 20 de abril se les envió un burofax».

La fecha para la realización de la prueba de selección se publicó con posterioridad a la recepción de este burofax, según el sindicato, «ellos ya sabían que había problemas, se había solicitado expresamente la subsanación de los errores y de la falta de información».

Hasta el 8 de mayo el instituto no contestó a los requerimientos del comité, «con negativas infundadas y haciendo caso omiso a nuestras solicitudes de subsanación», explica CSIF. Por lo que el sindicato «se ha visto obligado a impugnar judicialmente la convocatoria, para velar por los derechos de los aspirantes y la regularidad y legalidad de las pruebas».

Desconvocada

Incibe señaló en el comunicado en el que anunció el aplazamiento de la prueba que éste se debía a que CSIF había solicitado la «revisión de varias cláusulas. A pesar de que entendemos que las condiciones de la convocatoria se ajustan completamente a la legalidad vigente, para preservar la seguridad jurídica y la defensa de los intereses de las personas aspirantes nos vemos obligados a posponer la convocatoria hasta solventar la situación».

Desde la central sindical explican que «si en las bases de la convocatoria no está clara la valoración de méritos, se deja un abanico abierto en manos de la empresa para que puedan existir arbitrariedades. Una convocatoria tan general como la que se ha publicado puede provocar indefensión de los aspirantes, que no van a poder reclamar si esas bases quedan firmes».