El extraño voto por correo del 28-M en Melilla: supera las 11.000 solicitudes

«Las cifras de las peticiones de voto por correo no dejan lugar a dudas del intento de fraude electoral masivo», según los investigadores de la Policía Judicial de la Jefatura Superior de Melilla. La ciudad autónoma alcanzó el jueves por la tarde (cuando en un principió se cerró el plazo de solicitudes de voto postal que finalmente se ha ampliado hasta el 25 de mayo) las 11.707 peticiones. O sea, cerca del 20% censo de la ciudad autónoma. Más del doble que en las elecciones del 2019. Muy por encima de la media nacional, que ronda el 2,84% según los últimos datos, o de Ceuta, en el que las peticiones de voto por correo son el 3,3%.

Al final, los temores del Ministerio del Interior que provocaron la apertura de una investigación de la Policía Nacional y del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Melilla y la intervención de la Junta Electoral de Zona (JEZ) y de la Junta Electoral Central (JEC) se han confirmado: la mafia detrás de este gran intento de fraude se ha hecho con la quinta parte del censo de la ciudad, que tiene un total de 55.187 ciudadanos residentes con derecho al sufragio.

Unas papeletas, estiman mandos de la investigación, que serían más que suficientes para decantar las elecciones en Melilla, ya que podrían suponer entre ocho y diez escaños en una asamblea de 25 representantes.

Sin embargo, en el Ministerio de Interior cree que el fraude no va a tener tanto alcance y que se ha neutralizado en parte con la exigencia de la JEZ de reclamar el DNI a cualquiera que entregue en la oficina de Correos de Melilla una papeleta y la decisión de la JEC de exigir también la documentación en el resto de España a cualquier persona que pretenda depositar un voto postal por la circunscripción de Melilla.

En el departamento que dirige Fernando Grande- Marlaska estiman que la rápida e inédita decisión de la JEZ y la JEC de dejar sin efecto momentáneo el artículo 73 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General habría frenado parte de la estrategia defraudatoria. Es este precepto el que no incluye la obligación de presentar el DNI a la hora de entregar el voto en Correos, como sí lo contempla el artículo 72 de esa misma normativa en el momento de solicitar el voto o de recibir la documentación electoral de mano del cartero.

Así las cosas, de las 11.707 peticiones, sólo 921 papeletas (el 7,8% del total de solicitantes) han sido presentadas en las oficinas de Correos hasta el mediodía de este viernes, últimos datos disponibles. De hecho, el jueves, poco antes de que acabara el plazo para solicitar el sufragio postal, las colas ante la única de oficina de Correos de la ciudad (tanto para pedir las papeletas como para entregarlas) prácticamente desaparecieron conforme se conocían el aval de las juntas electorales a exigir la documentación a cualquiera que depositara votos para la Asamblea de Melilla, tanto en la ciudad norteafricana como en el resto del territorio nacional.

Ahora, el temor es que la trama pueda intentar registrar los miles de votos que ha comprado y no ha podido depositar en Melilla en oficinas de la península, particularmente en Andalucía, donde los controles en las oficinas ante votos a la circunscripción de Melilla no son tan estrictos como en la ciudad autónoma, a pesar de las instrucciones de la JEC, ya que en ocasiones se presentan paquetes de decenas de papeletas de diferentes circunscripciones.

Por ello, Interior ha reforzado los controles en el puerto, aeropuerto y puntos fronterizos con Marruecos para seguir a cualquiera de los 32 miembros de la supuesta trama que están bajo el radar de la Policía. Todos ellos, explican responsables de la investigación, son pequeños delincuentes a los que la red habría encargado localizar y captar a miembros de familias vulnerables melillenses para comprar su voto por correo por cantidades que oscilan entre 50 y 200 euros. Prácticamente, barriadas completas —afirman los investigadores— habrían accedido a vender sus votos.

No es la primera vez que la sombra del fraude por el voto por correo se afianza en la ciudad de Melilla. En febrero de 2021 el Tribunal Supremo confirmó la condena de dos años de cárcel al expresidente de Melilla y líder de Coalición por Melilla (CPM), Mustafa Aberchán, y al exsecretario general del PSOE de Melilla Dionisio Muñoz Pérez por la compra de votos por correo en las elecciones al Senado en el año 2008.