El nuevo estatuto obligará a la Universidad a cotizar por más alumnado que plantilla

La comunidad educativa está a vueltas con el nuevo estatuto del becario que promueve el Ministerio de Trabajo y Economía social y que podrá ser aprobado en los próximos días. El nuevo marco regulatorio provocará que la Universidad de León tengan el doble de alumnos dados de alta en la Seguridad Social que trabajadores, ya que la institución leonesa tiene este año a 2.548 estudiantes con prácticas curriculares, las que son obligatorias para conseguir el título, a los que se sumarían otros 700 este verano de extracur riculares.

Por contra, la plantilla universitaria está integrada por cerca de un millar de profesores e investigadores, a los que se suma otro medio millar de PAS. Así, debería cotizar por cerca de 3.250 estudiantes frente a los 1.505 integrantes de su plantilla.

La Universidad de León, junto con la Coordinadora de Representantes de Estudiantes de Universidades Públicas y la Fundación General de la Universidad de León y de la Empresa (la Fegulem, que se encarga de la gestión de las prácticas), mostraron ayer su rechazo al estatuto del becario que, además, consideran que se ha desarrollado sin consenso, tan sólo con el apoyo de UGT y CC OO.

«Tal y como han manifestado desde la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas, de la que forma parte la Universidad de León, la Ceoe, la coordinadora de los estudiantes y la Red de Fundaciones Universidad Empresa, de la que forma parte Fgulem, no se debe legislar ‘in extremis’, sin consenso y sin haber escuchado a la comunidad universitaria», señalan.

La vicerrectora de Estudiantes, Ana García Pérez, explica que las empresas y las administraciones en las que los alumnos hacen las prácticas ya han avanzado que no asumirán el gasto por la cotización de los alumnos, «con lo que todo recaerá en la Universidad». Un gasto al que se suma también, la ingente gestión administrativa, «para la que la Universidad no tiene personal suficiente», añade García Pérez.

El rector, Juan Francisco García Marín , también fue muy crítico ayer con esta nueva norma, que entraría en vigor el 1 de octubre si se siguen todos los trámites previstos. «Penaliza a las empresas que no tengan el plan de formación completo y les obligará a pagar multas»,, añadió, con el temor de que muchos estudiantes se queden sin posibilidad de hacer las prácticas. También consideró contradictorio el hecho de que, mientras Europa exige a los universitarios más horas de prácticas, el estatuto «limita las horas», con lo que también tendrán que reajustarse los planes docentes.

«Si el estatuto del becario ve la luz podría provocar que miles de estudiantes no puedan titularse el próximo curso, puesto que no tendrán lugar dónde hacer las prácticas, no podrían cumplir su plan de estudios», señalan desde la Universidad de León, para recordar que el documento elaborado por el ministerio se ha elaborado desde el ámbito laboral y no desde el formativo. Consideran que, aunque se trata de «una legislación necesaria para evitar el fraude» tal y como está planteada es «inaplicable».

«Será una legislación inaplicable que no pone el foco en los problemas reales del estudiantado, en su formación en prácticas curriculares y extracurriculares y sin solucionar los problemas de gestión necesarios para un funcionamiento eficaz y efectivo del estatuto, como lo es ya la legislación sobre cotización de los becarios a la Seguridad Social, que ha visto como la conferencia de rectores, el Ministerio de Universidades y el Ministerio de Educación están pidiendo una moratoria por la imposibilidad de ponerla en marcha en el plazo establecido», recuerdan desde las tres organizaciones universitarias para añadir que tanto Universidades y Educación y FP «ya se han puesto en contacto con las universidades para comunicarles que, si ellas no se hacen cargo del pago a la Seguridad Social y de la gestión de la misma, no acogerán estudiantes en prácticas».

La vicerrectora de Estudiantes explica que si la Universidad tiene pagar la cuota a la Seguridad Social figurarán «como trabajadores de la Universidad». En este sentido, las organizaciones, incluida la propia institución académica, precisan que pese a que siempre se ha tenido como denominador común «la firme convicción de que las prácticas que se realizan en empresas, instituciones, en los propios centros formativos, o en entidades públicas y privadas, en el ámbito nacional o internacional, contribuyen a la formación integral del estudiantado, son una actividad exclusivamente académica de carácter formativo y son una herramienta clave para la inserción laboral de nuestros titulados».

«Estamos de acuerdo en la necesidad de establecer una legislación que impida cualquier posible fraude, pero se debe legislar para mejorar lo existente, de forma consensuada, sin sesgos de confirmación y con toda la comunidad universitaria, no sólo con los agentes sociales.