Una reforma legal necesaria
El Comisionado de Transparencia reclama una reforma legislativa que permita establecer multas coercitivas, como medio de «ejecución forzosa», para garantizar el cumplimiento de las resoluciones emitidas por este órgano, puesto que tres de cada diez dictadas en 2022 no se aplicaron, pese a que el grado de incumplimiento descendió «ligeramente». El pasado año emitió 262 resoluciones y recibió 794 reclamaciones, de las que 585 tuvieron su origen en la falta de acceso a la información solicitada a entidades locales (un 73,68%. Así, 515 correspondieron a ayuntamientos, 42 a entidades locales menores, 22 a las diputaciones, tres a mancomunidades y otras tantas al Consejo Comarcal del Bierzo.