Las agresiones sexuales cometidas por menores cambian la tendencia en León

La tendencia creciente al aumento de las agresiones sexuales cometidas a cargo de menores registra un incremento de cierto nivel de alarma a nivel nacional que contrasta con un caso único remitido a la Fiscalía Provincial de León. La provincia escapa a esta proyección.

Logroño, Petrer (Alicante), Salou (Tarragona), Badalona (Barcelona)... En los últimos meses se han sucedido denuncias de agresiones sexuales protagonizadas por grupos de menores en los que participan chicos de corta edad, varios de ellos incluso de menos de 14 años. León tiene solamente un caso, que se encuentra en tramitación judicial, aunque no se han facilitado datos a este respecto por las particularidades de la causa.

La ley de responsabilidad penal del menor establece que los menores de 14 son inimputables. Entendieron los legisladores que las infracciones que suelen cometer son en general irrelevantes y que, en los casos en los que generan alarma social, la familia y la asistencia civil son suficientes para darles una respuesta suficiente, sin necesidad de que intervenga el aparato judicial sancionador del Estado.

En su última memoria, la Fiscalía General del Estado alertaba del «progresivo e importante» incremento de los delitos sexuales con menores implicados: 2.625 procedimientos abiertos en 2021, frente a los 1.271 registrados cinco años antes.

Eran cifras de delitos presuntamente cometidos por chicos de entre 14 y 17 años, porque cuando los agresores son más pequeños, los casos se archivan.

Según la misma memoria, en 2021 se archivaron 8.433 diligencias por esa causa. El informe no especifica el tipo de delito y advierte también de que la evolución de las cifras sobre menores de 14 años presenta una trayectoria con dientes de sierra y bruscas subidas y bajadas que impiden extraer conclusiones criminológicas del comportamiento de este grupo.

Sí es un dato objetivo —apunta no obstante la Fiscalía— que en gran parte de los casos de acoso escolar están implicados menores de 14 y que «sigue siendo preocupante el incremento de su participación en delitos contra la libertad sexual o cometidos a través de las tecnologías de la información y la comunicación».

Archivadas las diligencias, los fiscales de menores remiten los casos a los servicios autonómicos de protección de menores, que se encargan de ofrecer a estos chicos y sus familias programas adecuados a los distintas conductas y necesidades.

No hay internamiento posible ya que no se pueden establecer medidas que recorten libertades o derechos, destacan estas fuentes. No es posible evitar, por ejemplo, que el agresor se cruce de nuevo con la víctima, porque no se puede imponer una medida de alejamiento.

La única vía para su internamiento sería que fueran declarados en desamparo, pero se trataría de una medida para la protección del menor. Y «los agresores no suelen ser niños en situación de riesgo».