La amenaza de una nueva huelga se cierne sobre los juzgados de León en septiembre

La amenaza de una nueva huelga se cierne sobre los juzgados de León al regreso de las vacaciones de verano. El incumplimiento en la ejecución de la subida de sueldo de los letrados de la administración de justicia , la falta de novedades respecto a los funcionarios y la decisión de los forenses del Instituto de Medicina Legal de sumarse a los paros anuncian un otoño de inactividad masiva que volverá a derivar seguramente en una insoportable paralización de la administración de justicia.

La pagarán en primer lugar los colectivos , profesionales de abogados y procuradores, condenados a una situación complicada, por falta de actividad y en término fundamental, los ciudadanos, que se verán desprovistos de  un servicio esencial  sistemáticamente denostado por los diferentes gobiernos que han ido pasando por el Congreso de la carrera de San Jerónimo.

Con todo ello, alrededor de 7.000 juicios pendientes de celebrar de aquí a final de año están en un hilo. Cuestiones relacionadas con despidos, reclamaciones de salarios, litigios de los juzgados de familia, separaciones, divorcios y modificaciones de medidas… Todas las causas que no sean asuntos con preso o cuestiones especialmente urgentes, se verán retrasadas una vez más, de tal forma que hay ya asuntos cuyo señalamiento parece complicado de celebrar incluso en el año 2024.

Los letrados de la administración de justicia, reclaman que se les aplique la subida de 450 euros mensuales , que se aprobó para ellos en el inicio de la serie encadenada de huelgas. Los funcionarios no han visto satisfecha ni una sola de sus reclamaciones y da la sensación de que a efectos prácticos, su posición solamente tiene efectos entre los justiciables, puesto que no da la sensación de que se vayan a atender de forma urgente sus requerimientos. Y en el caso de los forenses, se limitan a practicar las autopsias urgentes para las cuestiones penales y los asuntos más básicos.

Consecuencias

Así las cosas, todo hace indicar que a la vuelta de septiembre, la práctica totalidad de los colectivos que integran la administración de justicia, a expensas de lo que quieran hacer magistrados, jueces y fiscales, volverá a la inactividad, con todas las circunstancias que ello conlleva. En principio, la intención es esperar por la posibilidad de que se conforme con el gobierno, puesto que de lo contrario, no habría un interlocutor válido a quien reclamar Las exigencias que se plantean. Entre los profesionales la teoría es la contraria: solamente la paralización de la formación de gobierno permitiría dar una cierta continuidad a la administración de la justicia.

Los sindicatos de funcionarios de la Administración de Justicia aplazaron a principios del verano, sin haber alcanzado un acuerdo ni una negociación con el Gobierno, la huelga indefinida que mantenían desde el 22 de mayo para reclamar mejoras salariales y laborales hasta que se constituyera el nuevo Ejecutivo tras las elecciones.

Los sindicatos, firmes

CSIF, STAJ, CCOO y UGT informaron en su día en un comunicado de que cesaban el paro indefinido, aunque determinaron la celebración de dos días de huelga general en plena campaña electoral, el 11 y el 20 de julio, para dejarse notar.

«El nuevo Gobierno ya sabe que tiene un problema que resolver nada más llegar al cargo», advirtieron entonces los sindicatos, que denunciaron que desde que comenzaron sus movilizaciones el pasado 17 de abril no habían recibido ninguna propuesta para abrir un proceso de negociación por parte de un Ministerio de Justicia «enrocado y a la defensiva».

En medio del puente de La Asunción, la situación sigue siendo la misma. Pero ahora ya hay intención de volver a las movilizaciones. Los huelguistas culpan al Gobierno. Y en medio, los administrables siguen soportando una situación insostenible. Parece que importa muy poco.