Los casi 50 jueces leoneses ponen en riesgo su salud por la carga de trabajo
El sector progresista de los magistrados alerta de los riesgos que comporta el panorama
Jueces leoneses reunidos en un acto celebrado en la capital, en imagen de archivo. JESÚS F. SALVADORES
Prácticamente todos los integrantes de la plantilla de 45 magistrados y jueces leoneses soportan una carga de trabajo muy superior a las ratios que se aconseja para profesionales de estas características, circunstancia que aconseja ampliar las plantillas de forma urgente para poder atender los intereses del justiciable.
Edmundo Rodríguez Achútegui, miembro del Secretariado de la asociación Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) ha reclamado una revisión de las cargas de trabajo de la Judicatura, que afectan a su salud profesional y al servicio que se presta a los ciudadanos.
«Hay un 40 % de tribunales que afrontan un número de asuntos desmedido, que influye en la salud de quienes los integran, porque tratan de sacar adelante un número de asuntos inasumible», afirmó en una entrevista concedida a Europa Press.
A su juicio, esto «está repercutiendo en la salud de la Judicatura», pero «también la ciudadanía y los profesionales del derecho se ven afectados, porque la sobrecarga afecta a la duración de los litigios, que se demoran ante la imposibilidad de hacer frente al volumen de asuntos encomendados».
Rodríguez Achútegui exige que se retomen los proyectos de Ley de Eficiencia Organizativa, Digital y Procesal, que quedaron abortados tras la disolución anticipada de las Cortes Generales, los cuales «trataban de racionalizar el trabajo judicial».
Rodríguez Achútegui, por otra parte, ha hecho un llamamiento para que se renueve y se normalice el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), al margen de que se constituya o no ahora el Gobierno central.
El magistrado recordó que el Consejo General del Poder Judicial lleva casi cinco años de interinidad. Por ello, dice «a quienes están bloqueando» su renovación que «permitan que la legislatura sea útil para normalizar la situación institucional» y faciliten que el máximo órgano de gobierno de los jueces pueda funcionar «con normalidad».
«Sea o no posible la formación de Gobierno» en esta legislatura, debe servir «al menos, para renovar el Consejo».
Bloqueo de Bobierno
Rodríguez Achútegui se ha referido al PP, «que ahora reclama con insistencia que cese de lo que denomina bloqueo para impedir que se forme Gobierno», para lamentar que durante casi un lustro los populares «practiquen esa política con el CGPJ». El magistrado ha destacado que el Partido Popular «ha frustrado, al menos en dos ocasiones, los acuerdos dirigidos a evitar» que el órgano de gobierno de los jueces «siga en funciones de forma indefinida».
Tras «constatar la inutilidad de las políticas de bloqueo», anima a que estas «se superen» y se posibilite en esta legislatura la renovación del CGPJ, «volviendo al camino de cumplir y acatar el mandato constitucional que reduce a cinco años, y no extiende a diez el mandato de sus vocales».
También ha recordado los «reiterados llamamientos de la Unión Europea para que se supere la situación actual» de este órgano de gobierno de la judicatura, «renovando su conformación y procediendo después a abordar una reforma, con amplio consenso, que permita evitar que se repitan estas situaciones.