El año judicial arranca bajo la sombra de otra huelga insoportable en los juzgados
Los sindicatos denuncian la falta de medios y la lentitud de la administración, que pagan básicamente los ciudadanos
magen de archivo de una de las últimas movilizaciones. FERNANDO OTERO
La vergonzosa situación de la administración de Justicia, con procedimientos congelados en algunos casos hasta cerca de 2025, asuntos acuciantes por resolver como reclamaciones salariales, despidos y cuestiones de familia entre otros, se encontrará a finales del mes en curso probablemente con otra huelga bochornosa para el ciudadano, que en medio de la más absoluta indefensión comprueba como magistrados y jueces, fiscales, letrados de la administración de justicia y funcionarios batallan por subidas de salarios, mientras los expedientes se acumulan sobre la mesa.
Así encuentra el año judicial la apertura en la provincia de León, donde casi 10.000 asuntos penden de un hilo en caso de conformarse gobierno y encontrar los agentes un interlocutor al que plantear sus exigencias.
La actividad se reanudó ayer oficialmente con los mismos problemas que arrastra desde hace años, agravados durante el último ejercicio: personal insuficiente y desmotivado que se siente abandonado, retribuciones insuficientes y medios materiales escasos. Los ciudadanos pagan las consecuencias, sufriendo retrasos en la celebración de juicios y en la tramitación de procedimientos y actuaciones judiciales.
Compás de espera
De aquí a final de año hay más de 10.000 asuntos que están pendientes de una resolución judicial
Los sindicatos claman por una solución. CSIF recuerda que el conflicto que afecta a los 45.000 funcionarios de Justicia (el 93 % de la plantilla) sigue vigente. «·El próximo Gobierno tiene la obligación de abordar la negociación funcional y retributiva reconociendo las labores que estos funcionarios hacen realmente a diario para sacar el trabajo adelante, y que está pendiente desde la pasada legislatura».
Todo esto se agrava además por el hecho de que el ejecutivo está en funciones, «y porque el debate sobre la situación de la Justicia se lleva al ámbito político, como la renovación del órgano de Gobierno del Poder Judicial, ocultando y distrayendo la atención de los verdaderos problemas de la Justicia, centrados en la falta de medios materiales, personales y organizativos».
Panorama
Las circunstancias hacen pensar que no hay margen para un acuerdo de forma satisfactoria
Un pacto real
En este sentido, CSIF reclama «un pacto real por la Justicia, con la participación de los/as profesionales de este ámbito, que blinde el servicio público ante los vaivenes, la incertidumbre y el enfrentamiento político. Este pacto de Estado debería servir para dotar a la justicia de medios suficientes y estables y garantizar un servicio público homogéneo y de calidad al conjunto de la ciudadanía.
Clasismo
CCOO carga contra el «clasismo» de la Justicia, el sindicato asegura que una vez se forme el nuevo Ejecutivo, y gobierne quien gobierne, seguirá exigiendo las mismas demandas que antes de la repetición electoral del 23 de julio: la negociación de las leyes de eficiencia, la mejora salarial, el desarrollo de la carrera profesional y la eliminación de los grupos de población. Para ello, exige «la designación de un o una titular del Ministerio de Justicia que respete la negociación colectiva y los derechos de todo el personal de la administración de Justicia y no solo de unos pocos».
«Para el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), para la Fiscalía General del Estado, para el Ministerio de Justicia, no somos más que un colectivo de inferior categoría que bastante tenemos con cobrar a final de mes, aunque sea poco, y que no merecemos el reconocimiento profesional», añade el sindicato.