Cuentas ve «razonable» la legalidad de los contratos del covid de la Junta

El Consejo de Cuentas de Castilla y León consideró «razonable» el cumplimiento de la legalidad en la contratación pública realizada, de manera excepcional y a través de la fórmula de emergencia, durante la crisis del covid por parte de la Junta, si bien apuntó «salvedades» que, en algunos casos, incluso fueron «incompatibles con la situación de emergencia» planteada por la crisis sanitaria.

En su comparecencias ante la comisión de Econopmía y Hacienda, el presidente del organismo, el leonés Mario Amilivia, señaló contrataciones «incompatibles con la situación de emergencia» que la oposición considera «una extralimitación» de la Junta y que el PP justifica por el «contexto» y la necesidad de dar «una respuesta rápida».

Inició su intervención Amilivia , recordando que la enfermedad «parece olvidada, pero está muy presente en nuestras vidas», por lo que vinculó su incidencia no solo al primer informe sino también al segundo, por su afección aún en la contratación administrativa de 2021. No obstante, se refirió en concreto al informe sobre la contratación pública vinculada al covid en 2020, y que fue presentado en diciembre de 2022, para «analizar los efectos de la pandemia» en la contratación de la comunidad y fiscalizar así la gestión de los contratos de emergencia suscritos en 2020 por el covid y que, en todo caso, supuso «un problema de Estado», como indicó Amilivia, que planteó poner «en contexto» las salvedades marcadas en el informe.

El informe concluye así que la Administración autonómica ha cumplido «razonablemente» con la legalidad en la tramitación de emergencia «excepto por salvedades» como que en 71 expedientes no haya habido una concurrencia competitiva o que incluso nueve de los contratos sean «incompatibles con la situación de emergencia», así como que dos casos no tuvieran relación con la pandemia pero «se aprovechara para adjudicar los contratos, lo que incumple la ley».

EXPEDIENTES DE MUESTRA

Conclusiones que se disgregan del centenar de expedientes analizados, 73 incluidos en el Registro Público de Contratos de Castilla y León por valor de más de 96 millones de euros y los otros 27 no incluidos en el registro y por valor de 20 millones, y tras cuya fiscalización se realizan, por parte del Consejo de Cuentas, seis recomendaciones entre las que se pide a la Junta el registro adecuado de todos los contratos en el Registro Público de Contratos.

También pidió el órgano presidido por Amilivia que la declaración de emergencia y la orden de adjudicación y ejecución incluya objeto, precio, plazos y adjudicatario; que la Administración promueva algún tipo de concurrencia siempre que sea compatible con la inmediatez de las necesidades planteadas; que se formalice un documento por ambas partes con derechos y obligaciones; o que se cumplan las obligaciones de publicidad de las adjudicaciones; así como vigilar el estricto cumplimiento de los contratos, siempre teniendo en cuenta la «excepcionalidad» de una situación que Amilivia deseó que «no vuelva a pasar».

Amilivia anunció además «la próxima puesta en marcha de la plataforma telemática ‘Fisconex’, que permitirá una mayor eficiencia en la remisión y fiscalización de los contratos y convenios del sector público autonómico y estatal, automatizando dicho proceso, en su mayor parte mediante la interconexión con la Plataforma de Contratación del Sector Público».

En los anuncios citó Amilia también la celebración de la Jornada «Cinco años de la Ley de Contratos del Sector Público» el próximo 28 de septiembre en la sede del Parlamento autonómico, organizada conjuntamente por el Consejo Consultivo y el Consejo de Cuentas.

Por la mañana, Amilivia entregó además la memoria de actividades de 2022 al presidente de las Cortes, el leonés de Vox Carlos Pollán. En el documento se recogen los diferentes informes emitidos por el organismo fiscalizador, en los que se detalla que nueve de cada diez ayuntamientos de León cumplieron con la presentación ante el Consejo respecto al ejercicio 2021. Entre las entidades locales que no rindieron cuentas en el plazo legal se encuentra el Consejo Comarcal del Bierzo y los ayuntamientos de Ponferrada, Astorga, Bembibre y Villaquilambre.

La provincia de León cuenta además con más de la mitad de las pedanías de la Comunidad que deben pasar también el filtro. De las 1.228 leonesas totales, 873 , el 71,1%, remitieron los informes correspondientes a 2021 al Consejo de Cuentas, que tiene al frente al político leonés Mario Amilivia.