La Junta se remite a la ley para rechazar el copago del mantenimiento de los colegios

Aunque la cita se anunciaba para presentar la oferta del Coto Escolar, el alcalde de León, José Antonio Diez, aprovechó este jueves el encuentro con directores de los colegios públicos y asociaciones de padres y madres para reclamarle a la Junta que cofinancie parte de los más de 3 millones de euros que paga el consistorio al año en el mantenimiento de la veintena de colegios de Infantil y Primaria. No lo lanzó sólo como un ruego, sino que adelantó que han solicitado una reunión a la Consejería de Educación «para hablar de este tema y cerrar un acuerdo», aunque la administración autonómica se aprestó a mediodía a agarrarse a que se trata de «una competencia propia de los ayuntamientos».

Diez detalló que en el último año el Ayuntamiento de León ha gastado «430.000 euros en adecuación de todos los centros educativos», que acumulan «muchas deficiencias», y que la cuenta asciende a 1,5 millones en los últimos seis años». Pero esta factura, en la que se apuntan los trabajos de mantenimiento como pintura o arreglos de los patios, figura a mayores del «coste anual que supone la limpieza, electricidad, carburante y ordenanzas, que supera los 3 millones de euros».

El debate, como reseñó Diez, forma parte de una polémica «bastante discutida», pero reseñó que «es verdad que hay sentencias del Tribunal Supremo claras al respecto», que diferencia «entre lo que es el edificio y lo que es el centro, que es otra cosa». «Por poner una analogía, es como el hospital San Antonio Abad, donde se realiza una actividad de otra competencia y donde quien realiza esa actividad corre con los gastos tanto de calefacción, como de mantenimiento y limpieza», señaló para hacer ver que en ese caso la Junta paga las facturas, pese a que la Diputación figura como propietaria.

Con esta explicación como punto de inicio, Diez confió en que la situación «pueda seguir mejorando con la colaboración» de la Junta, sin que «fuera necesario» llegar a la vía judicial. «Yo creo que todo se puede hablar. Estoy seguro de que por parte de la consejería vamos hablar de ello y podemos encontrar un punto de encuentro», insistió el primer edil socialista.

Aunque la demanda de cofinanciación de estos gastos no tuvo respuesta por parte de la Delegación Provincial de Educación. La inspectora jefa, en funciones de directora provincial, Luisa María Lorenzana, presente en el encuentro celebrado en el coto escolar, se limitó a reseñar que las dos administraciones están «al servicio del ciudadano» y lo que deben dar es «un servicio eficaz y eficiente». «Están claros los gastos que tiene que hacer la Consejería y los que tiene que hacer el Ayuntamiento. No me corresponde a mí decir eso, sino a mis superiores», zanjó.

La respuesta la dieron a preguntas de este medio fuentes de la Consejería de Educación. El departamento dirigido por Rocío Lucas trasladó que «la Junta de Castilla y León financia íntegramente la construcción de los colegios públicos en suelo municipal», mientras que «la única competencia propia de los ayuntamientos es la obligación de mantener dichos inmuebles que, si algún día dejan de ser educativos, serán propiedad de los propios ayuntamientos».

La respuesta escueta se completó con el apunte de que «la Junta aprovecha para agradecer a los ayuntamientos que cumplen con sus funciones». No fueron más allá para valorar la petición de Diez, tras remitirse a la «Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en su Disposición Adicional decimoquinta, que establece que ‘la conservación, el mantenimiento y la vigilancia de los edificios destinados a centros públicos de educación infantil, de educación primaria o de educación especial, corresponderán al municipio respectivo’». Como refuerzo, desde Educación citaron también el artículo 25 de «la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local ordenadora de la autonomía municipal».