Serfunle no descarta un nuevo socio privado tras el pago irregular de 11,5 M€ al anterior

Veinte años después de que se adjudicara a Mémora el contrato que ahora el Tribunal Supremo ha asentado como ilegal, Serfunle debe decidir cómo mantiene el negocio de los servicios funerarios en los términos municipales de León, San Andrés y Villaquilambre: si mediante un nuevo concurso público para la elección de un socio privado o con una gestión directa pública en la que se podría aprovechar la mancomunidad de interés general (MIG). Por ahora, «no se descarta ninguna» opción, «aunque luego tengan que descartarse las más ineficientes e ineficaces», como expuso este viernes el presidente de la mancomunidad, Vicente Canuria, después de que esta misma semana la asamblea tomara en consideración el informe jurídico que obliga a ejecutar la sentencia.

Aunque todavía cabe recurso ante el Constitucional por parte de Mémora, que podría retardar aún más el desenlace de un proceso trabado desde que en 2016 el interventor, Gabriel Menéndez Rubiera, advirtiera de los pagos irregulares de hasta 11,5 millones de euros, en los próximos meses tendrá que tomarse una decisión. No mostró Canuria postura alguna, pero aprovechó para citar que en este «mercado libre» en el que se ha desarrollado el funcionamiento, en el último mandato, también bajo control del PSOE, se logró «un 10% de descuento de las tarifas por el que lo que antes costaba 4.000 ahora cuesta 3.500 euros».

El acuerdo no afectará tan sólo al modelo de gestión, sino que deberá resolverse el proceso de liquidación de la sociedad, en la que la empresa privada tiene un 49% del accionariado, en la que hay unos activos de cerca de 7 millones de euros.

La cuenta se cierra después de 20 años en los que la empresa privada cobró de manera irregular, como han confirmado los juzgados de primera instancia y el Tribunal Superior de Justicia, de un canon de gestión que no figuraba en los pliegos de condiciones del concurso, sino que se añadió a posteriori, cuando ya se había elegido a Mémora como socio.

La cláusula sumaba una media de 600.000 euros anuales que llegaban a 8.419.530,11 euros en 2018, cuando se hizo el informe del interventor. En los años siguientes, en los que se ha mantenido la gestión a la espera del desenlace judicial, se añadieron otros 3 millones de euros a favor de la multinacional, que además ha percibido desde la adjudicación firmada en 2003 cerca de 300.000 euros en cada ejercicio como parte de los beneficios por su 49% de participación.