Seis presuntos delitos y la apropiación de más de 100.000 €
Fue antes de Semana Santa cuando se hizo pública en las instancias universitarias la auditoría externa. En ella se apunta que, además de una presunta malversación por un importe que podría ir entre los 100.000 y los 200.000 euros, durante la gestión de esos años se cometieron supuestos delitos de prevaricación, falsedad documental, negociaciones prohibidas a funcionarios, apropiación indebida y organización o grupo criminal.
El informe concreta que los cuatro investigados adoptaron, presuntamente, «de forma recurrente decisiones arbitrarias con el fin de favorecer la captación de alumnos y, por tanto, la captación de fondos públicos con los que se lucraron tanto ellos personalmente como su departamento y su grupo de investigación así como terceras personas a través de familiares y entidades vinculadas».
Se señala que además, el máximo responsable del centro universitario presuntamente «fue la persona que autorizó todos los pagos junto con los decanos de ambos colegios profesionales» de los que ellos «han sido los beneficiarios y personas aparentemente interpuestas».
Los convenios con los que la escuela de Minas de la Universidad de León desarrolló los cursos de adaptación al grado fueron el Colegio Oficial de Minas de León, que se implicó en los cursos para los grados de Energía y de Minas, que contaron con siete ediciones, y el de Topógrafos de Madrid, para el grado de Topografía, del que se celebraron tan sólo cuatro ediciones.
Ahora la investigación está en manos del juzgado después de que la Universidad de León y la Fiscalía elevasen la auditoría externa, que ya advertía de que era preciso actuar judicialmente. Según consta en el informe, elaborado por una asesoría externa a la propia Universidad de León, lo recaudado durante los años que se celebraron estos cursos para que los diplomados e ingenieros técnicos pudieran adaptar su titulación al Espacio Europeo de Educación Superior (que se conoció como el plan Bolonia), ascendió a más de 4,4 millones de euros. Sin embargo, presuntamente hubo gastos que no se justificaron y que podrían ir entre los 100.000 y los 200.000 euros.
El martes los cuatro investigados por estos hechos están citados a declarar en el Juzgado número 5 de León, donde se están llevando a cabo las diligencias previas.