La Junta de Personal Docente exige a Educación que cubra las vacantes, cumpla sus promesas y cuide la escuela

La Junta de Personal Docente de centros públicos no universitarios de León ha vuelto a denunciar los problemas recurrentes que cada inicio de curso lastran el desarrollo normal de las clases. A pesar de esta situación, la consejera de Educación ha asegurado en el Pleno de las Cortes que el arranque ha sido muy positivo, algo que " no se ajusta a la realidad ", han denunciado en una rueda de prensa este viernes. 

"A la ausencia de director provincial se suma el recrudecimiento de los problemas en los centros educativos y del profesorado, debidos a la alarmante falta de personal de gestión, administración y servicios. Esto ha provocado que representantes de esta JPD hayamos solicitado una reunión con el delegado territorial, máximo representante de la Junta de Castilla y León en la provincia, al que expusimos la necesidad de dotar todas las plazas vacantes, tanto en la Dirección Provincial como en los centros educativos. Para ello, le pedimos que organice de forma adecuada las bolsas de personal laboral de educación para que las vacantes que se produzcan sean cubiertas de forma inmediata, evitando la repercusión negativa en los centros escolares", esgrimen.

Del mismo modo solicitan que se mejoren los procedimientos administrativos en los negociados de personal encargados de dar las altas y bajas del profesorado, eliminando aquellos poco eficientes, como la gestión de los permisos; que se mejore el servicio de información al ciudadano en la Dirección Provincial; el cumplimiento del plazo de recepción en la Seguridad Social de las altas laborales; la mejora urgente de los programas y aplicaciones informáticas: sede electrónica, altas en las aplicaciones del Portal Educativo desde el principio de curso, generalización del repositorio administrativo para todo el profesorado; sustitución definitiva de los programas de gestión de los centros, que llevan dos décadas parcheándose; convocatorias semanales para la adjudicación de las sustituciones, de forma informatizada y centralizada desde la consejería, para que haya equidad y transparencia; utilización de programas de baremación que no den lugar a tantos errores... "Insistimos en la necesidad urgente del nombramiento de director provincial, pues León es la única provincia de Castilla y León que no cuenta con esta figura.

Para la Junta de Personal Docente la consejería "no cuida ni la escuela rural ni a su profesorado", critican". "Lamentablemente, la consecuencia lógica de la falta de inversiones y oportunidades en el medio rural es la despoblación que ocasiona el goteo constante de cierres en la escuela rural (80 de 203 en los últimos 10 años). Es asombroso que con estos datos la administración se muestre tan orgullosa de su defensa del medio rural", reprochan.

Por otra parte, la consejería no ha sido capaz de incentivar la estabilidad en las plazas itinerantes, como se puede ver con su "racanería e incumplimiento" de las promesas para actualizar la subida de las compensaciones económicas del profesorado que trabaja en los centros rurales: la subida del pago por kilómetro que se comprometió a actualizar de 0,23 ctms por km a 0,26 en el momento en que se publicara en el BOE para la administración general, "sigue pendiente desde junio".

Denuncian también el "retraso habitual" de hasta cinco meses en el cobro de estas cantidades. Finalmente "denunciamos que la Dirección Provincial hace gala de su falta de transparencia informativa, pues hace tiempo que eliminó la reunión de septiembre sobre aulas y centros clausurados y no ofrece esa información hasta diciembre", añaden.

En la misma línea, los "incumplimientos" de los compromisos adquiridos sobre construcción de un nuevo Conservatorio en León, de un IES en Villaquilambre, y la "acumulación de retrasos" en la ejecución de obras presupuestadas en el resto de centros. Exigen también la mejora en el mantenimiento de los centros. "Las discrepancias sobre qué administración debe afrontar los costes derivados del mismo no deben ser una excusa para afrontar las mejoras urgentes que necesitan los mismos. Por eso, hemos pedido al delegado territorial y a los alcaldes con los que nos hemos reunido la realización de los convenios, pactos o acuerdos necesarios para que se cubran las necesidades existentes en los centros educativos", argumentan.

Además, piden que se cumplan las leyes, decretos y los acuerdos firmados. Ponen como ejemplola Orden 43/2022, sobre mejora de ratios de alumnado/profesor y mejora del horario lectivo, y con el Decreto-Ley 1/2023, por el que se establece la jornada de trabajo de los empleados públicos, que, según apuntan, se han aplicado en parte, pero "no es aceptable" que en un gran número de casos, especialmente en la Formación Profesional, se hayan incumplido. 

La Consejería de Educación "no ha mostrado un trato serio al profesorado que se ha integrado en el Cuerpo de Secundaria, que lleva esperando casi dos años la adecuación de sus nóminas".

"Tampoco se cumple en su totalidad la Ley 4/2019, de 7 de marzo, de mejora de las condiciones para el desempeño de la docencia, sobre todo en lo referente a las sustituciones, y denunciamos que no se cubren en las primeras dos semanas y que la Consejería trata de engañar a los equipos directivos, al no autorizar estas sustituciones escudándose en una normativa que ya no está vigente".

Finalmente "debemos denunciar los reiterados incumplimientos en el objetivo del 8% de tasa de interinidad en 2024 al que apunta la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público. En este curso el número de interinos con vacante (curso completo) es de 1166 (el 24% de la plantilla, lo que habla por sí solo del mal camino que lleva la Consejería.) Si a eso añadimos el espectacular aumento de la tasa de precariedad (jornadas parciales), que llega en León al 45%, con nuevos y renovados incumplimientos del acuerdo con la Consejería para que las jornadas parciales no fueran menores de la mitad de la jornada, podemos concluir que la Junta de Castilla y León es, cuando menos, insumisa para cumplir la normativa y los acuerdos firmados con las Organizaciones sindicales", concluye.