El Ayuntamiento de León externalizará la residencia de ancianos para que la gestione una ONG

La casona de lo que entonces se conocía como calleja, hoy avenida de San Mamés, la donaron al Ayuntamiento de León los herederos de Pablo Flórez Herqués y María Cruz Llamas en junio de 1915 con una cláusula inamovible. En su memoria, los deudos fijaron como condición que el inmueble de nueva planta quedara ligado al uso social. No se puede vender, ni cambiar su uso para que se aleje de aquella originaria Casa Municipal de Beneficencia y Asilo de Mendicidad que se grabó en la piedra de entrada. Pero, con un déficit anual de más de 1,5 millones de euros, el consistorio quiere ahora externalizar la gestión de la  residencia de ancianos Virgen del Camino.

No puede entregarla a una empresa privada, puesto que se entiende que incumpliría el requisito marcado en la donación, ni traicionar el fin que la alentó. Por el camino del medio, la alternativa planteada por el Ayuntamiento de León pasa por sacar un concurso público, pero restringido a que el concesionario se ajuste a la consideración de ONG: una «organización de iniciativa social, independiente de la administración pública, que se dedica a actividades humanitarias, sin fines lucrativos».

El plan cambiará la forma de gestión directa por indirecta, « más sostenible y eficiente », como se reseña en el documento de trabajo del gobierno municipal, que recalca que la concesión de la residencia de mayores Virgen del Camino se acotará para que sólo puedan optar oenegés. La adjudicataria «explotara el servicio a su riesgo y ventura, con traslado por tanto del riesgo operacional».

El Ayuntamiento de León se liberará de tener que abonar los 2.690.192,66 euros de los gastos actuales, atenuados apenas por los 465.443,08 euros de los ingresos de los 60 residentes y los usuarios del centro de día. La resta ofrece un déficit de 1.596.740,04 euros en el último ejercicio, que llegaron a alcanzar los 1,8 millones en los precedentes, a razón de 26.612,33 euros que asume la administración municipal por cada beneficiario interno, como se recoge en el estudio económico que arma la propuesta.

La externalización a una ONG, como se argumenta en el plan, permitiría mejorar los rendimientos no tanto por el incremento de las tasas, con las que los usuarios pagan ya como máximo un 80% de sus ingresos ordinarios, como con la entrada de ayudas por parte de las demás administraciones públicas. La concesionaria, de acuerdo al plan, puede captar subvenciones estatales, a las que no puede acceder de manera directa el Ayuntamiento.

Pero además tendría la opción de acordar un régimen concertado de plazas con la Junta, que en 2013 rechazó la propuesta del consistorio de que asumiera al menos el desfase de 323.105 euros entre lo que pagaban los internos y lo que abonaba la institución autonómica a las empresas privadas con las que tenía concierto. No cabía, según trasladaron entonces desde la Consejería de Familia, que ya cuenta con un centro propio en Armunia y siempre se ha amparado en que el servicio que da León entra dentro de las competencias impropias sin obligación de compensar.

El inicio de los trámites para el cambio de gestión empieza con el encargo de dos documentos. Para poder elaborar después el procedimiento de licitación, el Ayuntamiento de León encomendará al Ildefe, órgano propio, un estudio de viabilidad económico financiera por el que guiar los pliegos.

Como refuerzo, se solicita una consultoría externa para la «elaboración del proyecto de subrogación del concesionario en el personal socio sanitario y de oficios de la residencia», que suma 39 personas en la actualidad. Este informe se acompañará del «plan de empleo para la reasignación de los efectivos que retornarían a la plantilla del Ayuntamiento por proceder en su día de ellas», caso de «trabajadores sociales y peón».