El colegio de Minas se persona en el caso de los cursos universitarios

La dirección actual del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Minas y Grados en Minas y Energía ha remitido un comunicado a los colegiados con el que quiere desvincularse de la investigación judicial sobre un presunto caso de malversación de fondos en la Escuela de Minas de la Universidad de León desde el año 2012 a 2016 como consecuencia de la impartición de los cursos de adaptación al grado para los que el centro universitario firmó un convenio con el órgano colegial. El juzgado número 5 de León es el encargo de las diligencias previas del caso, después de que la Fiscalía y la Universidad informaran de los hechos.

El actual decano del Colegio de Minas, Víctor Aitor Álvarez González, señala en el escrito que se ha nombrado un representante legal y que el órgano colegial «está ya presente en la causa como interesado y posible afectado» e incide en que el colegio «ha respetado los términos del acuerdo en todo momento, elaborando las memorias económicas sobre ingresos, gastos y pagos y, entregando dichas memorias en la Universidad». «Estamos ejerciendo ya una defensa activa de nuestros intereses y una labor de limpieza de nuestra imagen que no debía haberse manchado nunca», precisa.

En la misiva enviada a los profesionales del sector, se explica cómo se desarrolló durante esos años el convenio con la escuela de Minas, que incluía un reconocimiento de créditos por experiencia laboral que el colegio certificaría y que luego la Universidad validaba. En relación a los términos económicos, «de la recaudación total de las matrículas por cada promoción, un porcentaje en torno al 50% (con ligeras variaciones, por cambios en las distintas promociones), se ingresaría directamente a la Universidad mientras que el resto se destinaría a otros conceptos tales como el pago a profesores, gastos del colegio por organización, retribución a coordinares de cursos como el director de la escuela, el decano del colegio, el secretario de la escuela, administración, tesorero del colegio, personal de la Universidad y una partida para captación de alumnos».

«Una vez que esos pagos eran satisfechos, fruto del acuerdo, el sobrante quedaría para el colegio, pero ya que el colegio es una entidad sin ánimo de lucro, dicho sobrante se destinaría a mejoras en la escuela, es decir, que el colegio no se llevaría nada del beneficio de dichos cursos», se incide en el comunicado en el que se añade que de todas las promociones «quedó un remanente» en la cuenta del colegio mancomunada con personal de la Universidad de la que la escuela «iba gastando en bienes o servicios».

Cuando surgió el cambio en la dirección de la escuela de Minas «el remanente se había reducido a unos 10.000 euros, los cuales no se gastaron hasta que desde el colegio se expresó la existencia de la cuenta con dinero que en el fondo era destinado a la Universidad, pero con titularidad del colegio», lo que suponía «una dificultad» para la contabilidad y fiscalidad del órgano colegial. Con ese importe, según explica en la carta el decano del colegio, se sufragó la auditoría que desveló el supuesto caso de malversación —además de otros presuntos delitos— que finalmente se elevó a la Fiscalía y que, a su vez, lo derivó al juzgado para que iniciase la correspondiente investigación.

Un mal acuerdo

Álvarez González incide en que fue «sin duda un mal acuerdo para el colegio» y precisa en la carta «que de todas las ocurrencias, una de las más polémicas y engañosas fue sin duda exigir en un primer momento que para matricularse o tener plaza preferencial en los cursos había que estar colegio en nuestro colegio», un hecho que como se relata en el comunicado supuso grandes quebraderos ya que aunque aumentó el número de colegiados en un primer momento también se produjo un constante goteo de bajas que en muchos casos «no abonaban más que la primera cuota», con lo que el colegio «tuvo que estar pagando años los por colegiados que no aportaban sus cuotas».