La amenaza de huelga deja en el aire casi 21.000 asuntos judiciales en León

La huelga de magistrados, jueces, fiscales, letrados de administración de Justicia que tuvo lugar desde la pasada primavera hasta el verano y la previsible vuelta a las movilizaciones que se anuncia tras la formación del nuevo Gobierno dejarán en torno al 30% de asuntos pendientes más este año en los juzgados de León , de acuerdo a los datos del Consejo General del Poder Judicial, que acaban de ver la luz.

La mayoría de los colectivos han alcanzado acuerdos ya con el ejecutivo para mejorar sus condiciones y teóricamente no se sumarán a los paros. Pero el grupo más´numeroso, el de los funcionarios, se prepara para una nueva convocatoria que podría entrar en vigor a principios de diciembre.

Por el momento, los sindicatos aguardan novedades, pero en el ambiente flota la percepción de que el nuevo ejecutivo se va a encontrar con una huelga como primera medida a resolver en un servicio tan esencial como el de la administración de justicia.

Según el Consejo General del Poder Judicial, los tribunales cerrarán el ejercicio con 6,9 millones de asuntos ingresados, un 3,5% más que en 2022; 6,2 millones de asuntos resueltos, lo que supondrá una caída del 2%; 4,07 millones de asuntos en trámite al final de año, un 29,6% más que en el ejercicio previo, y también caerá el número de sentencias, en este caso un 11,5%, hasta los 1,48 millones. Son cifras nacionales.

La jurisdicción civil tenía a fecha de segundo trimestre 18.791 asuntos pendientes en León. La Jurisdicción Penal 15.669. En el orden de lo contencioso-administrativo faltaban por resolver 515 asuntos todavía y en el plano Social quedaban por resolver 2.334, que suman en total una cifra de 32.635 casos.

Salarios y familia

Alrededor de 7.000 juicios pendientes de celebrar hasta final de año están en un hilo. Cuestiones relacionadas con despidos, reclamaciones de salarios, litigios de los juzgados de familia, separaciones, divorcios y modificaciones de medidas… Todas las causas que no sean asuntos con preso o cuestiones especialmente urgentes, se verán retrasadas una vez más , de tal forma que hay ya asuntos cuyo señalamiento parece complicado de celebrar incluso en el año 2024.

Los letrados de la administración de justicia reclaman que se les aplique la subida de 450 euros mensuales, que se aprobó para ellos en el inicio de la serie encadenada de huelgas.

Los funcionarios no han visto satisfecha ni una sola de sus reclamaciones y da la sensación de que a efectos prácticos, su posición solamente tiene efectos entre los justiciables, puesto que no da la sensación de que se vayan a atender de forma urgente sus requerimientos. Y en el caso de los forenses, se limitan a practicar las autopsias urgentes para las cuestiones penales y los asuntos más básicos.

Así las cosas, todo hace indicar que a la vuelta de la investidura, la práctica totalidad de los colectivos que integran la administración de justicia, a expensas de lo que quieran hacer magistrados, jueces y fiscales, volverá a la inactividad, con todas las circunstancias que ello conlleva.

En principio, la intención es esperar por la posibilidad de que se conforme con el gobierno, puesto que de lo contrario, no habría un interlocutor válido a quien reclamar las exigencias que se plantean. Entre los profesionales la teoría es la contraria: solamente la paralización de la formación de gobierno permitiría dar una cierta continuidad a la administración de la justicia.

Los sindicatos de funcionarios de la Administración de Justicia aplazaron a principios del verano, sin haber alcanzado un acuerdo ni una negociación con el Gobierno, la huelga indefinida que mantenían desde el 22 de mayo para reclamar mejoras salariales y laborales hasta que se constituyera el nuevo Ejecutivo tras las elecciones.