La medida pone en entredicho la importancia de la digitalización

En este sentido, Comisiones demanda al departamento dirigido por Llop «que actúe con urgencia» y que «hasta que esta nueva regulación no esté en vigor, dé marcha atrás en esa circular y no elimine el teletrabajo en su ámbito territorial».

La Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia (UPSJ), que también reclama una regulación urgente del teletrabajo, asegura en un comunicado que ha recibido la noticia con «sorpresa» y «tristeza» al considerar que se trata de «un grave paso atrás para la Administración Pública por parte de un Ministerio que ha alardeado durante toda la legislatura de ser un equipo vanguardista entorno a la modernización y digitalización».

Para la asociación de LAJ, poner fin al teletrabajo sin una regulación alternativa que permita su consolidación es «regresar» a una Administración «medieval» y con una «gran falta de compromiso con la igualdad». Al hilo, recuerda que el propio Ministerio ha destinado «gran parte del presupuesto» al desarrollo de esta modalidad de trabajo y asegura que «desechar esta inversión es una falta de respeto»

Además, la UPSJ critica que el equipo de Llop haya vetado el teletrabajo para los LAJ en todo el territorio nacional y para los funcionarios que son de su competencia, porque entonces esta modalidad «se mantendrá en muchas comunidades autónomas con competencias transferidas, siendo en muchos casos el LAJ el único que no podrá teletrabajar en el órgano judicial».

El documento apunta además que «la atención presencial debe quedar garantizada siempre y en todo caso durante el horario de audiencia pública, sin que pueda restringirse dicha atención presencial a los supuestos con cita previa».