Funcionarios y letrados judiciales de León critican el final del teletrabajo
Solicitan que se regule su utilización para poder conciliar sus derechos y obligaciones
Imagen de una de las últimas protestas de los funcionarios. RAMIRO
Los cerca de 600 funcionarios y los 45 Letrados de la Administración de Justicia (LAJ) en León han reclamado a la ministra de Justicia, Pilar Llop, que regule de forma «urgente» el trabajo en los juzgados y tribunales después de que la semana pasada el Ministerio emitiera una circular en la que suspendía esta modalidad de trabajo a distancia por «la finalización de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el coronaviru s».
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), el sindicato mayoritario en Justicia, ha emitido un comunicado en el que expresa su «rechazo frontal» a esta medida que, a su juicio, «discrimina al colectivo de empleados públicos respecto al resto de trabajadores que sí tienen reconocido este derecho».
CSIF considera que la decisión de Justicia es «arbitraria e injusta». Comisiones Obreras (CCOO), por su parte, califica de «irrisoria» la «justificación» del Ministerio para poner fin al teletrabajo «teniendo en cuenta que hace más de dos años que finalizó la aplicación, con carácter general, de las medidas Covid», según apunta en un comunicado.
Seguimiento
La medida la adoptan cerca de 600 empleados de los juzgados y medio centenar de LAJs
Ambos sindicatos recuerdan que llevan tiempo exigiendo que se aplique el acuerdo que Justicia alcanzó en marzo de 2021 con parte de los sindicatos representativos en la mesa sectorial, que «permitía que se incorporara legalmente el teletrabajo para todo el personal de Justicia».
CSIF, por su parte, recalca que tanto el Plan de Medidas de Ahorro y Eficiencia Energética aprobado por el Consejo de Ministros en junio de 2022 como el acuerdo de coalición de Gobierno firmado entre PSOE y Sumar recoge la modalidad del teletrabajo.
Fuentes ministeriales, sin embargo, aseguran que Justicia lo que ha hecho es «recordar» el acuerdo que adoptó el pasado julio la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) después de que el Consejo de Ministros declarara el fin de la crisis sanitaria.
Actitud chulesca
El Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia (STAJ), por su parte, critica que el Ministerio haya actuado «de manera chulesca e inaceptable imponiendo» esta medida «sin negociación colectiva y sin ni siquiera informar a los representantes de los trabajadores».
Desde su punto de vista, se trata de un acuerdo que suena más «a represalia por las movilizaciones llevadas a cabo durante el primer semestre del año que a una razón objetiva que justifique la desaparición de esta modalidad de trabajo».
Vinculación
Por último, STAJ argumenta que «vincular el teletrabajo en Justicia únicamente como medida contra el Covid es una equivocación, porque el trabajo a distancia facilita muchas otras cosas como la conciliación, permitiendo una Administración mucho más productiva y eficiente». La circular emitida por el secretario general para la innovación y calidad del servicio público, Manuel Olmedo, fija que «deberán acudir a cada centro de trabajo el 100%» de los efectivos del Cuerpo de LAJ y de los Cuerpos de Funcionarios «no siendo posible ejercer modalidades de trabajo en tanto no se apruebe su regulación específica en el ámbito de la Administración de Justicia».