Una ciudad con distritos y directores generales de libre elección como en la Junta
La declaración de León como Ciudad de Gran Población que quiere promover Diez propicia más cambios al rebufo de la reorganización competencial. En el nuevo marco, que ya opera en cerca de 135 ciudades españolas, León deberá de aprobar antes de seis meses desde la ratificación una división por distritos, como la que hay en Madrid, en la que cada zona cuente con un órgano administrativo de gestión y presupuesto propio, a mayores de las tres pedanías ya adscritas: Trobajo del Cerecedo, Armunia y Oteruelo de la Valdoncina.
Los responsables de distrito deberán ser concejales electos, de acuerdo a la nueva estructura, en la que se recoge la creación de otras figuras como el Consejo Social de la Ciudad, el Defensor del Ciudadano Local e incluso la asesoría jurídica, designada por la Junta de Gobierno, sin necesidad de pasar por el sistema de provisión de puestos de habilitación nacional que tienen en la actualidad los secretarios generales de los ayuntamientos.
La proliferación de cargos se apoya además en la facultad que tendrá la Junta de Gobierno para poder nombrar delegados municipales con sueldo, sin necesidad de contar con el acta de edil logrado en las elecciones, al estilo de los directores generales que hay en la Junta. Esta discrecionalidad permitía incluso, hasta la sentencia del Constitucional, que se nombrara como miembros de la Junta de Gobierno a personas no electas en las municipales.
La Junta de Gobierno, sin la molestia de otros grupos políticos, podrá además elegir por su cuenta a los representantes municipales en los órganos colegiados de gobierno o administración de los entes, fundaciones o sociedades, como son el Ildefe, el Ilruv, la ORA, Serfunle o Aguas de León, en lugar de pasarlo por el Pleno.
Esta situación abunda en el análisis que establece que, «de esta manera, un alcalde en minoría no está ya sometido a un posible cuestionamiento ordinario del Pleno», como reconoce el informe elaborado por Francisco Velasco Caballero, director del Instituto de Derecho Local de la Universidad Autónoma de Madrid.