La Mari entra en prisión por la estafa en la Caja

M.C.S.V. recurrió ante el Supremo la sentencia de la Audiencia Provincial que en marzo de 2020 le condenó a 7.5 años de cárcel como autora de un delito continuado de falsedad y otro continuado de estafa, que llevó a cabo desde su cargo de secretaria de altos cargos en Caja España. La condenada ingresó el pasado 29 de diciembre en la prisión de León, una vez agotado el proceso de recurso ante la sentencia, que obligaba a la Caja España a pagar 5,5 millones de euros a los 139 afectados que recurrieron a la justicia para restañar los daños.

La Audiencia Provincial consideró a M.C.S.V. autora de un delito continuado de falsedad en documento mercantil, en concurso medial con otro de continuado de estafa «de especial gravedad por la cantidad defraudada y con abuso de relaciones personales», tras considerar probado que ideó una especie de estafa piramidal prevaliéndose de su cargo de secretaria de altos cargos en Caja España, gracias a lo cual acumuló alrededor de seis millones de euros procedentes de familiares, amigos y compañeros a los que hizo creer que en la entidad financiera se habían lanzado unos fondos de inversión especiales para personas selectas, que proporcionaban unos beneficios de hasta un 200% de rentabilidad.

Sólo devolvió a los afectados cantidades por importe cercano al medio millón de euros.

La sentencia impone una responsabilidad civil subsidiaria de 5,5 millones de euros a Unicaja, como heredera de la extinta Caja España, que deberá retornar las cantidades no recuperadas a 139 perjudicados, alguno de los cuales había invertido hasta 382.000 euros. Los 399 folios de la sentencia, redactada por los magistrados con agilidad en apenas trece días pese a su complejidad (fue ponente Ernesto Mallo, junto a Manuel Ángel Peñín y Carlos Miguélez), recogen de forma detallada el modus operandi de la condenada. «Dada su experiencia y situación cercana a altos directivos de la entidad financiera y el acceso que tenía a los datos de clientes, desde el año 2002 ideó un sistema para obtener dinero efectivo de parientes y personas allegadas, a las que informaba de determinadas inversiones en productos financieros, que estarían reservadas a los altos directivos y que, al alojarse en paraísos fiscales, producían una alta rentabilidad».

Cuando la situación se hizo insostenible y no pudo devolver el dinero a muchos de los inversores, se produjeron reclamaciones a la Caja, que derivaron en una auditoría interna. «Llama poderosamente la atención de esta sala la afirmación que realiza la acusada de que reconoció los hechos ante el auditor de la Caja por ‘respetar un pacto de silencio’ y que se endeudase personalmente para ir pagando a los acreedores que reclamaban y extorsionaban», recoge la sentencia de la Audiencia de León.