Los trabajadores del centro de multas piden el auxilio de la Delegación del Gobierno
La segunda jornada de huelga no logra ablandar a la empresa que tramita las sanciones de tráfico
Manifestantes empleados del centro de gestión de multas de tráfico en Onzonilla. RAMIRO
Los trabajadores del centro automatizado de denuncias de la DGT, el Centro Estrada, ubicado en Onzonilla protagonizaron ayer la segunda jornada de huelga de la semana en la que han pedido la mediación de la Delegación del Gobierno de Castilla y León.
Con esta huelga, que ha secundado este viernes más del noventa por ciento de la plantilla, los trabajadores reclaman la firma de un nuevo convenio colectivo además de subida de sueldos más allá del aumento del salario mínimo interprofesional y acabar con la temporalidad de una treintena de empleados que ya deberían ser fijos atendiendo a la reforma laboral.
Así lo ha explicado en declaraciones a los periodistas la presidenta del Comité de Empresa, Sara Rebollo, quien ha valorado que tras la huelga del pasado lunes hayan podido reunirse con el alcalde de León, José Antonio Diez, y con el subdelegado del Gobierno, Faustino Sánchez.
Rebollo ha confiado en que «en los próximos días» puedan reunirse también con la Delegación del Gobierno en Castilla y León para que esta pueda mediar con el gobierno central en la resolución de un conflicto que afecta a cerca de 270 trabajadores.
Prácticamente la totalidad de la plantilla, perteneciente a las categorías de digitalizadores y operadores, está cobrando el salario base del Salario Mínimo Interprofesional, «y el poder adquisitivo perdido en los últimos años ronda el veinte por ciento», ha añadido Rebollo.
«La adjudicataria, la UTE Centro Estrada, trabaja para la Dirección General de Tráfico, dependiente del Ministerio de Interior, y uno de los socios de la UTE contratada es la tecnológica Indra, cuyo principal accionista es la Sepi», ha añadido.
Son motivos, a su juicio, «por los que el Gobierno no puede desentenderse del conflicto laboral».
Aseguran que la empresa no les escucha desde julio y aseguran que, de no alcanzarse un acuerdo, continuarán con sus protestas.
La situación no ha avanzado en la última semana, que comenzó con doscientos empleados en una marcha hasta las puertas de la Dirección Provincial de Tráfico para reivindicar las mejoras salariales en una huelga que llegan a presentar como reivindicación indefinida, si no se llega a un acuerdo con la UTE compuesta por Indra, Kpasch y Wordline.
la exigencia es que «las condiciones laborales se adecúen al pliego de licitación».
En las jornadas de huelga previstas para esta semana y los sindicatos han cifrado su seguimiento en un noventa por ciento de entre los 260 empleados que componen la plantilla.