El PSOE critica que la Junta deba dinero a los colegios: «No tienen para calefacción»
La oposición en las Cortes censura que las deudas influyan en la marcha de los centros
El portavoz de Educación del Grupo Socialista en las Cortes de Castilla y León, Fernando Pablos, criticó ayer que la Junta que «siga sin abonar» los gastos de funcionamiento de centros escolares públicos, algo que «viene ocurriendo desde el último trimestre del año 2023».
Pablos señaló que, tras recibir varias llamadas de centros de la Comunidad, se constata que esta circunstancia ocurre en centros de Infantil, Primaria y Secundaria y que la Consejería de Educación ya ha señaladode que solo abonará los gastos de funcionamiento a aquellos que «estén en números rojos».
Por eso, Pablos advirtió de que algunos casos «son injustos» y otros «son graves» porque muchos centros usan ese dinero de la Administración para costear los gastos de calefacción.
Por eso, el socialista reclama al Gobierno regional que pague las cantidades que debe de 2023 y, paralelamente, ofrezca explicaciones, «porque ese dinero ya está presupuestado». Además, se pregunta si los centros concertados están en la misma situación que los públicos.
Por este motivo, Pablos pidió ayer «aclaraciones» al Ejecutivo autonómico porque, de no recibirlas, los socialistas pedirán la comparecencia de la consejera del ramo.
«Mañueco y Lucas presumen de sistema educativo, pero el mérito no es suyo sino de profesores, alumnos y familias. Lo que sí es competencia suya no lo están cumpliendo ni ejecutando. Así que menos presumir y más compromiso con la educación pública», indicó Pablos en un comunicado del PSCyL.
El León municipal ya tiene abierta una brecha en este sentido. La diferencia entre edificio y centro escolar arma la defensa que el consistorio de la capital presentará ante la Consejería de Educación de la Junta por los gastos de funcionamiento ordinario de los colegios de Infantil y Primaria de la ciudad. Hasta ahora los 2,9 millones de euros anuales de la partida los asume la administración municipal, pero la vía abierta por una sentencia del Supremo sobre una disputa similar en Extremadura justifica la pugna que, si no hay acuerdo en la reunión solicitada, terminará en los tribunales.
Los 11, 6 millones de euros salen de los cuatro ejercicios presupuestarios que no han prescrito. No cabe solicitar más, como planean en el gobierno municipal con las facturas en la mano del suministro de combustible y los gastos de las nóminas personal del limpieza y de los ordenanzas que prestan servicio en la veintena de centros públicos de la ciudad.