Diario de León

Junta y organizaciones agrarias piden a Ribera derogar de forma “inmediata” la protección al lobo

El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, mantiene un encuentro con las organizaciones profesionales agrarias (OPAs). ICAL

El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, mantiene un encuentro con las organizaciones profesionales agrarias (OPAs). ICAL

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El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, y los responsables de las organizaciones profesionales agrarias de Castilla y León resolvieron remitir una carta a la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, para derogar “de forma inmediata” la orden ministerial que incluye al lobo en el Listado de Especies Protegidas (Lespre) y recuperar el estatus quo anterior a septiembre de 2021, cuando el cánido era gestionable por la Comunidad al norte del Duero.

“Esta medida no tiene excusa. Queremos tender la mano para volver de forma consensuada, aunque hasta ahora no nos tomaron en consideración. En democracia siempre fueron medidas de consenso y se rompió históricamente en 2021 con este Gobierno. Castilla y León ofrece su mano y el resto de comunidades también la tenderá para que nos sentemos a planificar cómo volver al sistema anterior. Esto depende solo de la voluntad política del Gobierno, en la forma que crea oportuna”, comentó el consejero.

En un encuentro celebrado este martes en Valladolid, ambas partes presentaron un documento en unidad de acción que enviarán a la ministra, y en la que también expondrán un segundo punto, ya que instarán al Gobierno a “colaborar y trabajar” para que “se haga efectiva la decisión de la UE” conocida en diciembre de 2023 de reducir de “estrictamente protegido” a “protegido” en todo el territorio europeo.

Ello obligará a modificar el Convenio de Berna, que daría pie a cambiar la Directiva Hábitat y pasar el lobo del anexo 4 a 5 para hacerlo en toda Europa gestionable, “como estaba en Castilla y León hasta 2021”.

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