Los 600 funcionarios de justicia podrán acogerse a un plan para la salud mental

El Ministerio de Justicia ha elaborado un plan del que se beneficiaran los 600 funcionarios leoneses dependientes ed su adscripción para vigilar la salud mental de los trabajadores.

En concreto, el departamento del tetraministro ha lanzado un contrato, con un importe base de 1.005.536 euros, y con un valor estimado de 1.289.600,41 euros, para vigilar la salud de 16.000 trabajadores, los destinados en el llamado territorio Ministeriom entre los que se encuentran la provincia de León, Audiencia Nacional, Tribunal Supremo y Tribunal Constitucional).

Más de un millón de euros que estarán destinados a «actividades preventivas» que realizará la empresa adjudicataria en materias como «seguridad en el trabajo, higiene Industrial y ergonomía y psicosociología aplicada». Actividades que estarán en conformidad con la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Riesgos Laborales.

Se trata de un contrato en el que se contempla la salud mental de los trabajadores en el ámbito laboral.

Así pues, varios son los factores a examinar en el «riesgo psicosocial» del puesto de trabajo de estos funcionarios públicos que prestan sus servicios en la Administración de Justicia.

«Carga de trabajo, carga mental, estrés, síndrome del quemado, acoso sexual y laboral, clima laboral, exposición a sucesos de violencia externa y cualquier otro aspecto relacionado con esta disciplina«, destaca el pliego de contratación.

Son elementos que se han convertido en un asunto clave en la salud mental en los últimos años. Y que, en ocasiones, han provocado graves problemas de salud a trabajadores y ciudadanos, llegando hasta el punto de convertirse en un motivo de suicidio.

Sin embargo, este contrato contempla también las condiciones físicas de los empleados. Así pues, el pliego al que ha tenido acceso Confilegal también estipula otros «factores de riesgo» en la salud de los trabajadores de Justicia.

Riesgos laborales

Es el caso de los riesgos laborales que puedan estar presentes en zonas comunes, instalaciones de servicio o protección en la superficie de los centros de Justicia.

Del mismo modo, también se contemplan condiciones físicas tales como la temperatura, humedad relativa, disconfort acústico o calidad del aire.

La postura de los empleados en el puesto de trabajo también será examinada con este contrato. También las mesas del trabajo, sillas, pantallas e incluso los teclados. Todo ello, que deberá cumplir con condiciones ergonómicas correctas.

Un cuidado de los trabajadores que contempla también la posibilidad de la exposición a ondas electromagnéticas. Y, especialmente, la exposición laboral al formaldehido.

«Se llevarán a cabo las evaluaciones específicas necesarias para determinar el riesgo de exposición a cualquier contaminante químico, físico y/o biológico», destaca el contrato.