La universidad teme el «colapso» por la incertidumbre del pago de los becarios
Los rectores se quejan al ministerio por los cambios constantes y la falta de «instrucciones claras»
Estudiantes en el Campus de Vegazana. RAMIRO
La Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas, la Crue en la que está integrada la Universidad de León, temen que el sistema de prácticas formativas «pueda colapsar» ante una situación de «incertidumbre y gravedad» debido a que la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) «sigue sin enviar a las universidades instrucciones claras, precisas y estables» sobre cómo implementar las altas y bajas en la Seguridad Social de los estudiantes en prácticas, sea cual sea su casuística y situación personal.
Tras la entrada en vigor de la obligación de que los estudiantes en prácticas coticen a la Seguridad Social, la Crue advierte de que muchas de las consultas de dudas realizadas a la TGSS sobre los casos problemáticos que se preveían y aquellos otros que han ido surgiendo durante este primer mes de aplicación, «siguen sin tener contestación por escrito».
La vicerrectora de Estudiantes de la Universidad de León, Ana García Pérez, miembro de la ejecutiva de la Crue en la sectorial de Asuntos Estudiantiles, remarca que el cambio de criterio además, complica las gestiones. «El 4 de enero nos informaron de que la extracurriculares no cotizaban y la semana pasada nos dicen que sí», señala, tras concretar que la Universidad de León ya ha dado de alta a 400 universitarios en prácticas curriculares. Cada año, en la Universidad de León son tres mil los alumnos que hacen prácticas en empresas.
«Estamos de acuerdo en dar de alta a los alumnos, pero queremos que nos dejen claro cómo, cuál es el mecanismo», señala García Pérez, quien exige que las gestiones dependan directamente del ministerio.
Así, desde la Crue lamentan que, en lugar de disponer de estas instrucciones con certidumbre, se trasladan instrucciones «contradictorias», como las recibidas en relación con los estudiantes en movilidad internacional o como la recibida el día 1 de febrero (cuarta ampliación del criterio 11/2023) por la que se modifican aspectos sustanciales de las instrucciones recibidas con anterioridad en lo que se refiere a las prácticas extracurriculares.
Los primeros
La Crue asegura que esta pauta de desinformación, improvisación y modificación sorpresiva de sus indicaciones por parte de la TGSS «está haciendo prácticamente imposible» que las universidades puedan articular de manera correcta los procedimientos. «Tanto es así que nos están llegando numerosísimas consultas de estudiantes para cuya resolución las universidades no disponemos de una información correcta», apuntan los rectores. A partir de este momento, para la resolución de estas consultas que «exceden» su conocimiento y ámbito de funcionamiento, las universidades recomendarán a su estudiantado, a las empresas y a las entidades interesadas que se dirijan directamente a la TGSS para formularlas.
«Por más que las universidades hayamos asumido en esta cuestión una responsabilidad que inicialmente la norma no nos atribuía, la situación es de tanta incertidumbre y gravedad que tememos que el sistema de prácticas formativas, esencial para la formación y la empleabilidad de nuestro estudiantado, pueda colapsar infligiendo graves perjuicios al mismo», alertan los rectores.
De hecho, recalcan que, ante el «desconcierto» que se está produciendo son muchas las empresas que están retirando su oferta de prácticas formativas, incluso cuando la Universidad asume su gestión económica y administrativa. Ante estos hechos, las universidades apuntan que no pueden responsabilizarse «de los errores o fallos» que se cometan o de las consecuencias que esta situación pueda acarrear.
Consideran que en este estado de cosas «es imposible» realizar una correcta aplicación de la gestión de la cotización de los becarios y ante el riesgo de paralización de los programas de prácticas formativas en las universidades españolas, requieren que «se exijan las responsabilidades que correspondan a los organismos implicados y se adopten de forma urgente cuantas medidas sean necesarias por parte de los ministerios concernidos para garantizar el adecuado cumplimiento de esta norma, velando siempre por el legítimo interés y los derechos del estudiantado universitario».