Tráfico sanciona a 19 de los 78 buses escolares inspeccionados en León
Las empresas reclaman a la Delegación del Gobierno que no alarme con datos «equívocos»
La Dirección General de Tráfico (DGT) llevó a cabo una campaña de vigilancia y control sobre el transporte escolar y de menores entre los días 22 y 26 de enero, que se saldó con 208 denuncias a los 387 vehículos que fueron inspeccionados, lo que supone que uno de cada tres fueron multados. En la provincia de León se controló a 78 vehículos, de los que resultaron denunciados 15, con un total de 19 denuncias. La mayoría se debió a cuestiones administrativas, como no disponer de la autorización especial para realizar transporte escolar o no tener suscrito un seguro de responsabilidad ilimitada, tal y como exige la ley.
Según la Delegación del Gobierno en la Comunidad, durante los cinco días que duró la campaña, 387 vehículos fueron controlados por los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil de Castilla y León y, de ellos, uno de cada tres (121 vehículos) fue sancionado con un total de 208 denuncias formuladas.
Por su parte, la Federación Empresarial Castellano y Leonesa de Transporte en Autobús (Fecylbus) expresó ayer su «malestar» a la Delegación del Gobierno en la Comunidad y le pidió «prudencia» en la difusión de informaciones sobre las campañas de inspección de la Dirección General de Tráfico (DGT), para que sean «veraces y no equívocas». Así lo recoge una carta a la que tuvo acceso Ical que la patronal ha remitido al delegado Nicanor Sen.
Compromiso con la seguridad
En ese sentido, las empresas expresan su compromiso con la seguridad de los usuarios, pero entienden que al trasladar que uno de cada tres vehículos de transporte escolar vigilado en la última campaña fue sancionado, se puede llevar a «equívocos» a la sociedad, lo que recuerda es «perjudicial» para los intereses de estas compañías, sobre todo, ante la «delicada situación económica» por la que atraviesan.
A juicio de la patronal, esta información es una «constante todos los años», que lleva a la población a ponerse «en contra» de las empresas con datos «irreales y confusos». Deduce que »muchas denuncias» se han debido a que los vehículos no llevaban a bordo la autorización especial de transporte regular de uso especial, documento que defiende no afecta a la «seguridad» de los alumnos. Además, señala que en algunos casos esto se debe a que no se ha expedido todavía por el organismo correspondiente.
«Le rogamos que se haga lo necesario para que las informaciones que se dan a los medios de comunicación, para transmitir a la sociedad, sean veraces y no equívocas, evitando así un claro perjuicio a la imagen de un sector como el autobús que, como puede constatar, ofrece unos datos de siniestralidad difícilmente mejorables», recoge la misiva.
Finalmente, la patronal recuerda que las 250 empresas que operan en Castilla y León, de las que dependen más de 3.500 empleos directos, transportan a diario a 36.000 escolares.
Los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil también ratificaron que ninguno de los conductores fue denunciado por exceso de tiempo de conducción o minoración del descanso.