El PP exige que se simplifiquen los trámites para usar servicios sociales

El grupo municipal del Partido Popular en León solicitará al equipo de gobierno un esfuerzo para simplificar y facilitar al máximo los trámites que deben llevar a cabo los usuarios de Servicios Sociales, especialmente aquellas personas con dificultades de movilidad.

«Algunos de estos usuarios han explicado que desde que se produjeron cambios en la ubicación de la Concejalía de Servicios Sociales (la propia edil cambió su despacho a otra planta en Ordoño II y algunos trabajadores se desplazaron a la sede municipal del chalet de Padre Isla) es más complicado realizar trámites como, por ejemplo, la autorización de exención del pago del certificado de empadronamiento por falta de recursos», explica el partido en una nota de prensa.

«En estos momentos, las personas que quieran solicitar esta exención deben acudir a la unidad administrativa a Padre Isla y luego regresar a Ordoño II», dice el PP. «En vez de facilitar los trámites, les volvemos locos. Debemos facilitar los trámites, en todo lo que sea posible, no tenerles de un lado para otro», se recalca desde el Partido Popular.

Por otro lado, el Grupo Municipal del Partido Popular pide al equipo de gobierno que actualice la señalética en el edificio de Ordoño II, y a que algunas de las indicaciones se cambien para reflejar los cambios de ubicaciones.

Es el caso de la propia Concejalía de Servicios Sociales que en los carteles del ascensor sigue ubicada en la planta tercera, cuando desde hace meses la oficina está en la planta sexta y en las dependencias de Padre Isla.

El Ejecutivo autonómico dio luz verde recientemente al acuerdo marco mediante el cual se financian los servicios sociales que prestan las diputaciones y los municipios de más de 20.000 habitantes en Castilla y León. El texto que sigue la senda de la futura ley que “blindará los servicios públicos en la Comunidad” y que recoge el “compromiso” del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, de aumentar los recursos de las entidades locales.

El principal instrumento de financiación local en materia de servicios sociales alcanza los 702,72 millones de euros a ejecutar durante el periodo 2024-2027 –frente a los 596,28 del anterior–, lo que supone un incremento presupuestario de casi el 18 % –106,44 millones más, en términos absolutos–, e incorpora y consolida servicios y programas en materia de igualdad o de ayuda a domicilio infantil.

La Comisión de Vivienda y Agenda Urbana del Senado aprobó ayer una moción del PP que exige al Gobierno incentivar la puesta en el mercado de viviendas vacías, eliminando las intervenciones de precios de alquileres y efectuar las modificaciones legales necesarias para proteger a los arrendadores frente a conductas fraudulentas por parte de los arrendatarios.

Silván lamentó que en León el Sareb mantenga bloqueada la construcción de 700 viviendas junto a la estación del AVE. «Ni construyendo al lado un Palacio de Exposiciones han sido capaces de desarrollar ese suelo cuando la gente necesita esas viviendas», criticó. Durante la defensa de la moción, aprobada por una amplia mayoría frente a la negativa del PSOE, el portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Popular, Antonio Silván, evidenció que la política de vivienda de Sánchez «hace aguas por todos los lados». El resultado es claro: «demagogia y propaganda», dijo Silván en la Cámara Alta.

En su opinión hay muchos motivos para explicar este sentir de gran parte de los españoles. En primer lugar, la inseguridad jurídica, debido a la «criminalización de los propietarios y la protección a los delincuentes okupas. Además, en la actualidad, «ni rastro de los 183.000 pisos prometidos por el Gobierno», añadió el senador por León.

Además, desde el sector privado «las alianzas continúan bloqueadas porque se sienten engañados por el Gobierno» y desde el sector público el fracaso es «rotundo», ya que «el Sareb no logra acuerdos con ayuntamientos, ni con las comunidades autónomas». Igualmente, Silván denuncia que el precio de la vivienda «sigue imparable», pese al parón inmobiliario, y prueba de ello es que en 10 años el precio medio ha crecido un 36%. «No valen excusas, llevan gobernando desde 2018 y casi 5 años después la situación de la vivienda es agónica», aseguró el dirigente del PP.

En este punto, puso en valor la moción del PP que, además incentivar la puesta en mercado de viviendas vacías y eliminar la intervención de los precios, apuesta por proteger a los arrendadores frente a conductas fraudulentas, así como proporcionar seguridad y eficacia jurídica para que las viviendas vacías salgan al mercado.

Recordó que la moción que votaron en contra los socialistas responde a una triste realidad, ya que los ciudadanos destinan más del 30% de su salario para pagar el alquiler o la hipoteca. «La entrada en vigor de su Ley de Vivienda no ha hecho más que generar problemas y, recuerden, que la vendieron como la panacea», criticó el portavoz adjunto.