El tribunal europeo insta a hacer fijos a los interinos de larga duración, 4.000 en León
La UE critica la falta de medidas para evitar la utilización abusiva de los contratos indefinidos no fijos
El TJUE condena el abuso de la temporalidad en la administración. M. PÉREZ
La justicia europea da un paso más en el pulso de los trabajadores interinos con las administraciones que encadenan sus contratos porque no se convocan las plazas para cubrir los puestos de manera permanente, a menudo durante años, y luego sacan esos puestos a concurso sin que los temporales tengan derechos adquiridos. La UE ya ha advertido en otras ocasiones sobre la elevada tasa de temporalidad en las administraciones españolas, pero ahora avanza en la exigencia de las medidas que debe tomar el Gobierno, que considera claramente insuficientes. Un varapalo para España, que tiene alrededor de medio millón de interinos de larga duración. Más de 4.000 en la provincia de León, según fuentes del Csif, que advierte de que esta cifra ha seguido incrementándose desde que se iniciaron las consultas a los jueces europeos, a mediados de 2019, porque los procesos de estabilización comprometidos están en su mayoría aún pendientes.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) determinó ayer en su sentencia que España incumple el Acuerdo Marco europeo sobre el trabajo de duración determinada en la situación en la que se encuentran miles de empleados públicos interinos. En los últimos tres años el Gobierno ha tratado de poner orden en la situación de estos trabajadores, aunque ahora el tribunal europeo señala que no se han tomado las medidas adecuadas para evitar la utilización abusiva de los contratos indefinidos no fijos, que son los que afectan a este colectivo.
La decisión del TJUE es respuesta a una cuestión prejudicial presentada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que reclama que se prevea y en su caso se sancionen los abusos de los sucesivos contratos temporales. El tribunal europeo apunta que convertir estos contratos en fijos puede ser la solución que corrija el abuso. Lo que no implica que los afectados estén en igualdad de condiciones con aquellos empleados públicos que sí han superado los concursos y oposiciones pertinentes para ocupar los cargos.
En todo caso, da respuesta a la situación de los interinos de larga duración, los que llevan más de tres años prestando servicio en una plaza vacante. El tribunal europeo da así un varapalo al Gobierno socialista, que en 2021 acordó con los sindicatos (CC OO, UGT y Csif) abordar los procesos de estabilización necesarios para dimensionar las plantillas públicas. Sería antes de terminar 2024, con el objetivo de reducir al 8% la temporalidad en el sector público, que entonces afectaba a alrededor del 30% de las plantillas. Y que ha seguido incrementándose. Un proceso que ha estado también afectado por las limitaciones a la tasa de reposición, que aún no se han eliminado.
La decisión del TJUE se refiere también a las indemnizaciones previstas para estos trabajadores, que según la Ley de Medidas Urgentes para Reducir la Temporalidad de 2021 era de 20 días de salario por año trabajado, con el límite de una anualidad. El tribunal considera que esta indemnización no es adecuada para sancionar la utilización abusiva de la contratación temporal, por lo que no es una medida disuasoria para garantizar el cumplimiento de la legislación europea en este sentido.
Unido a que los procesos de estabilización aprobados no son adecuados para sancionar adecuadamente la utilización abusiva de las sucesivas relaciones laborales indefinidas no fijas, se considera que no se cumple el derecho comunitario en este sentido.
Por lo que el tribunal insiste en que la legislación española no recoge «ninguna de las medidas relativas, respectivamente, a razones objetivas que justifiquen la renovación de contratos o relaciones laborales de duración determinada, a la duración máxima total de esos sucesivos contratos de trabajo o relaciones laborales y al número de sus renovaciones, ni medida legal equivalente alguna para evitar la utilización abusiva de contratos indefinidos no fijos».
Por eso insiste en que la conversión en fijos de los contratos indefinidos no fijos prorrogados sucesivamente (que en el fondo no dejan de ser temporales) es la medida adecuada para prevenir y, en su caso, sancionar el abuso de la contratación temporal en las administraciones públicas.