La Comisión 8-M aboga por los derechos laborales como arma para la igualdad
2.500 personas marcharon en la convocatoria de la plataforma liderada por los sindicatos
Marcha de la Comisión 8-M.
Libres y unidas, como rezaba la convocatoria, a pesar de que hubiera dos convocatorias, 2.500 de personas se manifestaron este viernes en León para reclamar que "se haga efectivo el derecho a la igualdad". El grito se elevó, a pesar de las brechas en el movimiento feminista, dentro de un manifiesto, al que pusieron voz UGT y CC OO, centrado en que "la conquista real y efectiva" de esta lucha "implica conseguir que los espacios de trabajo estén libres de discriminaciones y violencias hacia las mujeres". “Todo lo que sea desigualdad laboral es desigualdad económica y violencia contra las mujeres”, clamaron.
La marcha, desde Guzmán hasta Botines, terminó con "un llamamiento especial al valor democrático para defender la igualdad ante unas posiciones políticas ultraderechistas parapetadas tras un rearme patriarcal, que hacen seña de identidad de su ataque a los derechos de las mujeres, de su antifeminismo, de su negacionismo de la violencia de género". El ataque se centró en las políticas de "la ultraderecha negacionista y la derecha permisiva", en referencia al pacto con el que Vox y PP gobiernan en la Junta, y aprovechó para que UGT y CC OO lograran un foro en el que arroparse frente a "las campañas de degradación y hostilidad que dirigen hacia el sindicalismo de clase" y que contribuyen "a vulnerar principios esenciales de la democracia y la Constitución".
Los dos sindicatos encabezaron una marcha, menos numerosa que en años anteriores y marcada por el mal tiempo, en la que se sucedieron pancartas de diferentes colectivos, con el PSOE y Podemos justo al fondo, separados apenas por las banderas de las abolicionistas. Toda una amalgama en la que, con el ritmo marcado por la batucada, que subió de tono frente al balcón de la sede de Vox en Gran Vía de San Marcos, se escucharon mensajes como “queremos empleo, trabajo nos sobra”, eslóganes como “voy a quemar la conferencia episcopal” o gritos de trans, gitanas, todas somos hermanas”. “Ista, ista, ista, León es feminista”, sonó con fuerza.
En este escenario, los agentes sociales emplearon el altavoz prestado por el 8M para recalcar como "prioritario” que se impulse “la negociación colectiva de medidas y planes de igualdad", exigir "el cumplimiento de la negociación de los planes de igualdad en los términos que obliga la legislación", y aprovechar "la potencialidad de la negociación colectiva como correctora de desigualdades".
Después de alabar varias de las políticas del "primer gobierno de coalición progresista", pero sin hacer referencia a algunas polémicas como la reducción de penas a violadores por la aplicación de la ley del sólo sí es sí, los agentes sociales insistieron en la necesidad de "seguir la línea de incremento del Salario Mínimo Interprofesional hasta situarlo en el 60% de la media salarial, en cumplimiento de la Carta Social Europea, y garantizar el incremento de salarios por convenio".
Las feministas recordaron que "las mujeres en la provincia de León, una de las más castigadas por el paro y por la falta de oportunidades, siguen siendo el mayor porcentaje de paro", como demuestran los datos en los que exhiben "13.683 mujeres paradas y 9.538 hombres". Frente a esta radiografía, el manifiesto del 8M insistió en "mejorar las políticas activas de empleo y, en especial, las dirigidas al incremento de la inserción y permanencia laboral de determinados grupos de mujeres con dificultades específicas, como las mayores de 45 años, jóvenes, sin cualificación o con necesidades de recualificación, residentes en ámbito rural, con discapacidad o migrantes".
La lista de reclamaciones para “poner la agenda feminista en el centro de la agenda política”, fin el fin de “acabar con la precariedad”, se paró además en la necesidad de "adoptar políticas con perspectiva de género en todos los ámbitos y especialmente en materia de cuidados", mediante las "políticas de corresponsabilidad efectiva". "Hay que invertir en infraestructuras públicas adecuadas, suficientes, asequibles y de calidad para el cuidado de familiares y fortalecer la oferta pública de infraestructuras y servicios relacionados con el cuidado", señalaron.
El manifiesto del 8M inicidió además en la obligación de "impulsar una reforma educativa basada en la coeducación que integre la educación en la igualdad y en el respeto a la diversidad, y extender las infraestructuras públicas para la atención y cuidados de calidad, accesibles y adecuados, a toda la población de 0 a 3 años".