El Gobierno renuncia a los presupuestos con el 73% de la inversión de dos años pendiente en León
La lista de proyectos críticos para el desarrollo de la provincia se ve condenada a un año más de abandono y olvido
Editorial: Perjuicio presente y futuro con nubarrones
El adelanto de las elecciones en Cataluña anunciado este miércoles precipita el escenario anticipado hace un mes por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. No habrá Presupuestos Generales del Estado en 2024.
El adelanto electoral nacional del pasado verano, las dificultades para conformar el Ejecutivo central y las convocatorias electorales de los principales socios de gobierno (nacionalistas) hacen inviable negociar un reparto de ingresos y gastos de la estructura administrativa estatal para este año.
Comienza ahora el trazado de las previsiones de cara a 2025, con el compromiso resuelto de los incrementos de las pensiones y los sueldos de los empleados públicos, entre otros. Y también con la parálisis en el diseño de nuevos proyectos para la provincia. El Gobierno asegura que no se verán comprometidos los fondos europeos de la recuperación Next Generation, que ultiman adjudicaciones, plazos y sobre todo exigencias de ejecución. Incluso aunque sea así, lo demás está en el aire.
Si son numerosas las dudas sobre lo que supondrá la renuncia a establecer presupuestos e inversiones a nivel nacional para este ejercicio, son muchas más las certezas de la senda de abandono inversor que se ciernen sobre la provincia de León. Aunque sólo sea por el pésimo saldo entre lo anunciado y comprometido políticamente y la inversión realmente puesta en marcha en la provincia.
Sólo en los dos últimos ejercicios, los de 2022 y 2023, la diferencia entre el compromiso inversor en obra pública anunciado por el Gobierno central y lo realmente adjudicado para iniciar los proyectos deja un saldo paupérrimo: apenas se han adjudicado un 27% de los fondos comprometidos en obra pública. El grado de cumplimiento de la inversión comprometida en la provincia, según los datos de la Cámara de Contratistas de Castilla y León, fue del 15,2% el año pasado, y del 39% en 2022.
La menos inversora
Un lamentable salto ejecutor que se suma al hecho de que la Administración central fue la que menos presupuesto destinó a la provincia el año pasado, comparada con la autonómica y con el conjunto de las instituciones locales (Diputación y ayuntamientos). Aunque en los presupuestos de 2023 el Gobierno comprometió una inversión de 179 millones de euros, sólo sacó a licitación 42. Y de ellos únicamente adjudicó 27,1 millones. En el ejercicio anterior se anunciaron inversiones por 163 millones, pero se sacaron a licitación obras por 79 millones. De ellos se adjudicaron 63,5 millones.
En los últimos años la licitación del Gobierno en la provincia ha caído en picado: salvo el dato de 2021, en ninguno se había licitado (lo que no quiere decir que se pusiera en marcha, porque lo adjudicado fue inferior) menos cantidad que en 2023. De los 106 millones de euros de 2018 se pasó a 53 millones en 2019, se rebajó de nuevo a los 49 millones en 2020 y cayó al mínimo de 36 millones en 2021. Tras recuperarse en 2022 a los 79 millones (se adjudicaron efectivamente 15,5 millones menos) el año pasado únicamente se adjudicaron 27 de los 179 millones comprometidos.
León
La rémora de la falta de proyectos se agrava con la parálisis inversora
María Jesús Muñiz Prieto
Lo cierto es que el año pasado León, una vez cerrado el enorme capítulo inversor del AVE hacia Asturias, no acaparó ninguna de las grandes inversiones del Gobierno en la Comunidad. Sí arañó parte de los 28 millones de la electrificación del tramo de la alta velocidad entre Palencia y León, o los 12 millones de la conservación de la autovía entre Onzonilla y Carrión de los Condes. O de los 10 millones de la red de riego de la subzona de Payuelos. Entre las mayores inversiones del Gobierno (que salieron a licitación) los 7,4 millones de la supresión del paso a nivel de Feve en Villaquilambre y los 7,2 millones de la restauración ambiental de la Gran Corta de Fabero. No todo ello está entre la obra civil efectivamente adjudicada.
Ahora estos proyectos, arrastrados durante años, podrán llevarse a cabo en los próximos meses. Pero no habrá nada de lo demandado a mayores. Una limitación que afecta además al techo de gasto de autonomías y ayuntamientos.+