El Incibe suma competencias al transformarse en entidad pública empresarial y afianza su labor en ciberseguridad

El Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe), con sede en León, será a partir de ahora una Entidad Pública Empresarial, según el real decreto aprobado por el Gobierno. Hasta este momento el instituto era una sociedad mercantil estatal. El cambio de naturaleza jurídica permitirá al Incibe acceder, gestionar y tramitar fondos y ayudas a la innovación y la inversión de manera más ágil. Además de dotarle de competencias regulatorias, administrativas y sancionadoras.

El aspecto de la gestión de ayudas y subvenciones es especialmente importante, dado el creciente volumen de programas y subvenciones que gestiona el instituto. Y que se verán incrementados de forma importante después de que la Otan haya escogido al Incibe como una de la veintena de aceleradoras de empresas que tiene repartidas por 28 países para el desarrollo de su proyecto Acelerador de Innovación de Defensa para el Atlántico Norte (Diana).

El Consejo de Ministros aprobó recientemente la tramitación administrativa urgente del proyecto de Real Decreto por el que se trasforma la sociedad mercanil estatal Incibe en entidad pública empresarial.

Este tipo de entidades de derecho público, ya que pertenecen a la Administración General del Estado, tiene personalidad jurídica propia, patrimonio propio y autonomía en su gestión. Y desarrollan actividades de prestación de servicios o producción de bienes de interés público, que son además susceptibles de contraprestación.

El cambio de naturaleza jurídica que convierte en ente público al Incibe implica que se homologa jurídicamente a Red.es (el organismo del que hasta ahora dependía). Ahora esta sociedad dejará de ser accionista del Incibe, que se integra como órgano de pleno derecho en la Administración General del Estado.

Ayudas y subvenciones

Una de las principales consecuencias de este cambio de naturaliza jurídica es la dotación de competencias que permiten el Incibe participar en la regulación de las crecientes y cada vez más importantes normativas en materia de ciberseguridad; además de disponer de capacidad para aplicar sanciones en las materias en las que es competente.

Una transformación especialmente relevante en un momento de vertiginosa regulación a nivel nacional e internacional en materia de comunicaciones y ciberseguridad.

El otro gran avance del Incibe con este cambio jurídico es la capacidad de conceder ayudas y subvenciones de manera directa, lo que permitirá agilizar la tramitación de los fondos que se reciben a través de la Unión Europea. También los que a partir de ahora puden obtenerse de la Otan. Una posibilidad de invertir cantidades millonarias en empresas e investigación, dos de los campos en los que más está trabajando el instituto nacional con sede en León. Que no sólo participa activamente en el impulso de vocaciones y proyectos investigadores con universidades y organismos de I+D, sino que tiene encomendado desde su fundación el desarrollo de un ecosistema empresarial innovador para productos y soluciones en materia de ciberseguridad. Una tarea que ahora se verá reforzada con el impulso inversor y de prestigio del proyecto de la Otan