Silván defiende la función del Senado ante la ley de amnistía: “En democracia nadie lo puede todo”

El PP ha justificado ante el pleno del Senado que la cámara alta debe requerir al Congreso a retirar la ley de amnistía porque supuso un "trágala", una imposición de una cámara a la otra para tramitar una reforma constitucional encubierta.

Sin embargo, el PSOE ha tildado de "disparate jurídico" esta iniciativa que hoy aprobará el Senado gracias a la mayoría absoluta de los populares, en el debate suscitado a partir de la propuesta del PP.

Se trata de plantear un conflicto de atribuciones entre las dos asambleas legislativas, algo inédito en la democracia española, y para discutirlo el pleno ha dedicado este miércoles casi dos horas de debate, previo a la votación, la cual tendrá lugar por la tarde.

Ha abierto y cerrado el debate el senador del PP Antonio Silván, primero en defensa de la propuesta y luego en el turno de su grupo parlamentario, y en ambos casos ha subrayado que desde su partido están convencidos de que el Congreso no tenía legitimidad para "interpretar abstractamente la Constitución", ya que la carta magna no recoge las amnistías en su texto.

"Algo tan medular en la Constitución no puede regularse por simple procedimiento legislativo", ha apuntado Silván, quien por eso entiende que el conflicto de atribuciones que plantean "deviene del trágala impuesto" al Senado.

A su juicio, "el Senado está tramitando esta ley a la fuerza y por imposición del Congreso, ese es el meollo", porque que no pueda dejar de tramitarla, hasta el 16 de mayo que tiene de plazo para que retorne el texto al Congreso, no significa, ha añadido, que la cámara alta "tenga que allanarse cuando sus competencias se vean perjudicadas".

En contra de la propuesta ha intervenido el senador socialista lanzaroteño Manuel Fajardo, quien ha negado que haya una invasión de atribuciones del Congreso y ha considerado que la propuesta en sí es "un auténtico disparate, es casi un quieto todo el mundo".

Fajardo ha dudado de que el PP vaya a acudir al Tribunal Constitucional por un inaudito conflicto entre órganos constitucionales, pues cree que la única intención es mediática, de "lucha por el relato", para mostrar un absoluto rechazo a la amnistía y "no dejar espacio a Vox".

A priori, tan solo apoyarán la iniciativa del PP los tres escaños de Vox, cuyo senador Ángel-Pelayo Gordillo ha animado al grupo mayoritario a "adoptar cuantas medidas" quepan contra la amnistía, incluso les ha propuesto "una vez más" la inadmisión de la proposición de ley; es decir, dejar de tramitarla en el Senado, aunque el PP advierta que podría prevaricarse.

Se abstendrá Mar Caballero, senadora de UPN, que no ve "una razón de peso" para un conflicto con el Congreso, aunque apoyará un recurso de inconstitucionalidad cuando se apruebe definitivamente la ley.

El resto de intervinientes se han opuesto al conflicto con el Congreso, como Carla Antonelli, de Más Madrid, que ha alertado de la devaluación institucional del PP, que incluso obligó a dimitir al letrado mayor después del 'reglamentazo'", el cambio en el Reglamento del Senado para poder tramitar esta ley dos meses y no solo quince días.

"¿Hasta dónde van a llevar el descrédito de las instituciones?", ha preguntado Enric Morera, de Compromís al PP, antes de que Estefanía Beltrán de Heredia, del PNV, haya avisado de que si el PP conoce que el conflicto "no tiene ningún recorrido efectivo", lo que hace "tiene un nombre: se llama fraude de ley".

De "filibusterismo sin base" ha calificado Teresa Pallarès, de Junts, el conflicto, y, respecto a insinuaciones de otros oradores sobre el contenido de las conversaciones entre su partido con el PP, ha concluido: "Todo se sabrá".

Para Carme da Silva, del BNG, el PP "pone el Senado a los pies de los caballos" y lo trata "como si fuese un chiringuito", en "un ejercicio de frustración política", porque, como ha convenido Sara Bailac, de ERC, en el PP "han demostrado sobradamente que están dispuestos a cruzar todas las líneas rojas".

El socialista Toni Magdaleno ha incidido en que quedará en "un amago de recurso" al Tribunal Constitucional, porque "no se van a atrever" a presentarlo, "porque saben de sobra que las posibilidades de que prospere son prácticamente nulas" y sería "una humillación jurídica y política".