Hacienda reclama justificación a unos 2.000 autónomos leoneses por las ayudas del covid

La Agencia Tributaria está haciendo llegar notificaciones a cientos de autónomos leoneses, una parte de los que solicitaron las ayudas por cese de actividad durante la declaración del estado de alarma por la pandemia en 2020, al seguir la recomendación del Tribunal de Cuentas, que a finales del año pasado fiscalizó finalmente estas prestaciones y comprobó que en parte de los casos no se cumplían las condiciones exigidas para percibir las ayudas. Unos fondos millonarios que ahora el Estado tiene que recuperar con rapidez, si no quiere arriesgarse a que prescriban (lo que ocurrirá en los próximos meses), con el consiguiente quebranto para las arcas públicas.

El informe de fiscalización señala que casi 1,5 millones de autónomos se beneficiaron a nivel nacional en 2020 de la prestación extraordinaria por cese de actividad, pero unos 281.000 (que recibieron 505,5 millones de euros) no cumplían los requisitos que se exigían.

En la provincia de León recibieron estas ayudas 4.332 trabajadores por cuenta propia, y ahora la Agencia Tributaria examina las circunstancias de casi la mitad de ellos, unos 2.000. Según el análisis realizado por RBH Global, serán aproximadamente 500 los autónomos que están siendo requeridos para devolver las cantidades cobradas, aunque buena parte de ellos podrá finalmente demostrar el perjuicio que les causaron las medidas excepcionales tomadas durante los momentos más duros de la pandemia, confían en el despacho.

Las ayudas fiscalizadas por el Tribunal de Cuentas fueron concedidas entre 2020 y 2022. Se trata de la Prestación Extraordinaria por Cese de Actividad de los Trabajadores Autónomos (Pecata), que corrieron a cargo de la Seguridad Social y estaban dirigidas a proteger a aquellos trabajadores que como consecuencia del estado de alarma vieron suspendida o reducida su actividad laboral. El organismo justifica la importancia de vigilar, aunque sea con retraso, la medida, porque supuso un desembolso de más de 5.000 millones de euros. Se beneficiaron 1,487 millones de autónomos, un 44,57% del total de los afectados.

Entre las principales conclusiones el informe de fiscalización destaca la «insuficiente e inadecuada regulación» de la prestación extraordinaria, lo que obligó a realizar «numerosas modificaciones normativas». Que provocaron «criterios dispares» en su aplicación, y con ello «un tratamiento desigual entre los beneficiarios de esta prestación».

Según el tribunal, los incumplimientos y deficiencias observados afectan a más de 125.000 autónomos (que percibieron 119,5 millones de euros), y están relacionados con el procedimiento de gestión, pero también con el control de las exoneraciones de cuotas, que afectan a más de 69.000 autónomos a nivel nacional, que dejaron de ingresar casi 42 millones de euros.

Por eso recomienda a la Seguridad Social que inicie el procedimiento de revisión de las resoluciones provisionales adoptadas, y que dicte «instrucciones precisas» para que en estas revisiones «se logre igualdad de trato entre los beneficiarios».

Una revisión que también encarga a las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social, que fueron las encargadas de gestionar estas ayudas. Les insta a que analicen y revisen «todos los incumplimientos e incidencias detectados, e inicien en su caso el procedimiento de reintegro de las prestaciones indebidamente percibidas».

También exige a la Seguridad Social que regularice las cuotas sociales indebidamente exoneradas.

Proteger el trabajo

Tras decretar el estado de alarma por la crisis sanitaria del covid el 14 de marzo de 2020 el Gobierno adoptó medidas excepcionales para proteger la economía y el empleo, entre ellas la Pecata, para proteger a los autónomos. La ayuda se prestaba a los trabajadores que como consecuencia de las restricciones vieron suspendida su actividad laboral, o reducida su facturación en al menos un 75% sobre su facturación del semestre anterior. Además, al autónomo afectado por la pandemia se le exoneró de sus cotizaciones sociales.

Para gestionar esta medida se contó con las mutuas colaboradoras de la Seguridad Social. Se trataba de reconocer la prestación de forma provisional, para comprobar al finalizar el estado de alarma el cumplimiento de los requisitos exigidos. Entre 2020 y 2023 se han producido diversas modificaciones del régimen jurídico, y la revisión de las prestaciones se fue aplazando hasta el año pasado.