La Junta exige al Gobierno actualizar las tarifas para la justicia gratuita
González Gago, durante la inaguración de las jornadas. MIRIAM CHACÓN
La Junta de Castilla y León pidió ayer al Gobierno de España que «escuche y negocie» con el sector de la abogacía para actualizar las remuneraciones de los profesionales del turno de oficio, nombre con el que se conoce popularmente a la justicia gratuita, dado que los baremos se mantienen sin actualizar desde 2018 cuando el IPC ha subido un 17 %. Así lo señaló el consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, en declaraciones recogidas por Ical, en las que asumió las reivindicaciones del Consejo General de la Abogacía, tanto a nivel estatal como autonómico, para que en la nueva ley de justicia gratuita «se negocie» con los abogados y «se contemplen determinadas retribuciones para determinadas actuaciones procesales nuevas que han ido surgiendo» desde la aprobación de la anterior ley.
Una norma que data de 1996 y que, según González Gago, «por los años transcurridos y las reformas legales posteriores, podemos decir que está en muchos puntos obsoleta», como en la ausencia de retribuciones para cuestiones como el derecho penitenciario, la ejecución de resoluciones judiciales y la defensa de las personas jurídicas.
«Es bueno que esa ley se actualice», aseguró González Gago, lamentando que desde el Gobierno autonómico no puedan ser «especialmente incisivos» en la toma de decisiones al no tener transferidas las competencias en justicia, como sí sucede en otros territorios, lo que no impide que la Junta se sume a las reivindicaciones de la abogacía castellana y leonesa.
En ese sentido, Gago también apuntó la «desigualdad en las percepciones que se reciben por aporte de los más de 45.000 abogados de turno de oficio en España» entre aquellas comunidades que sí tienen las transferencias de justicia y las que, como Castilla y León, no las tienen, en un denominado como ‘territorio Ministerio’ que «viene pagando menos por las actuaciones procesales, cosa que no es muy lógica».
Por ello, reiteró el consejero de la Presidencia la necesidad de que el Gobierno aborde no solo la equiparación entre territorios o la armonización con el encarecimiento de la vida desde 2018, sino también «la actualización permanente de esas cuantías» como sucede «en cualquier actividad».