El Ayuntamiento de León congela la oposición de administrativos tras decenas de alegaciones

Este pasado sábado se cumplieron justo dos años. Dos años exactos desde que se publicó la convocatoria en la que el Ayuntamiento de León sacaba a oposición 11 plazas de administrativo para su plantilla. Pero 24 meses más tarde no sólo no se han resuelto, sino que el proceso, al que se apuntaron 966 aspirantes, la más demandada de todas, se mantienen en el limbo después de que, en el segundo examen, sólo rebasaran la nota de corte 10 personas, una menos de las ofertadas, y se acumularan decenas de reclamaciones que alegan que el ejercicio no se ajustaba a los requisitos legales del puesto. Los afectados no saben nada. Sólo que «no se puede jugar con la vida de la gente y sus expectativas profesionales de esta manera», como denuncia Sergio Martínez, uno de los opositores.

No se han contestado siquiera estas alegaciones, medio año después de formuladas. El Ayuntamiento de León ha eliminado incluso del tablón de empleo de su sede electrónica el documento en el que se recogían las notas del segundo examen, firmado el 13 de noviembre, y en el que se daban 5 días hábiles para la presentación de reclamaciones. Aunque en esos escasas jornadas se sucedieron los escritos de los afectados que alertaban de que «el supuesto número dos» de las preguntas del examen «extralimita claramente las funciones del personal objeto de provisión». «El planteamiento tiene un enfoque de subescala técnica y no administrativa; existen varias preguntas que se refieren a normativa que no está incluida en el temario de las
bases; y hay preguntas que exigen haber trabajado previamente en la administración para poder
contestarlas y ser convocatoria de turno libre».

Los opositores insisten en que «se han vulnerado varios preceptos constitucionales, en concreto el artículo 23
«derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos» y el artículo 9.3 de
«la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos». Apoyado en estos preceptos, Martínez insiste en que además «no dan ni criterios de corrección, ni respuestas correctas a lo planteado, ni indican la manera de que alguien pueda solicitar ver la corrección de su examen». «Te lo tienes que creer y punto», remacha el opositor, quien insiste en que «claramente se ha puesto un ejercicio que para nada se corresponde con la categoría C1 Administrativos, ni se han respetado las bases en la confección de los casos prácticos».

Sus reclamaciones siguen sin respuesta desde mediados de noviembre, a pesar de que «va ya más tiempo del que tardaron en corregir los ejercicios». A esta cita habían pasado 97 aspirantes, después de la criba del primer examen tipo test, con 90 preguntas, cuatro supuestos y sólo uno válido, sobre temas de los derechos y deberes fundamentales y libertades públicas; su defensa institucional; la división de poderes; la organización territorial y la de Europa; las fuentes del ordenamiento jurídico español; los tratados internacionales; la prevención de riesgos laborales; la igualdad efectiva de mujeres y hombres; el derecho de acceso a la información pública; la protección de datos; y la administración electrónica. En ese filtro cayeron cuatro de cada cinco presentados dentro de un proceso al que se apuntaron 966 personas. Aunque ocho meses después, cuando se convocó la prueba inicial, se presentaron nada más que 455.

Esos 97 aspirantes que rebasaron el primer examen tienen derecho ya a entrar en la bolsa de empleo para cubrir vacantes, aunque luego sólo acudieron al segundo examen 80. Pero como no se contestan las alegaciones, ni se cierra el proceso, tampoco pueden beneficiarse de esta segunda vía de acceso a la administración municipal, donde las vacantes y necesidades superan las 11 plazas convocadas. «Está parado intencionadamente. No se puede ponerlo todo en una estantería y que se aguante la gente que ha estado más de dos años preparándose», subraya Martínez, quien ha estado en más oposiciones «de la Junta, de la Universidad y de otros ayuntamientos». «Pero no tiene nada que ver. Esto que hace el Ayuntamiento de León es indecente», sentencia.