La grúa sigue en precario en León tras admitir la empresa ahora que no cumple los requisitos

A la primera quedó desierto por falta de ofertas, después de un plante de la empresa concesionaria que mantuvo cuatro días sin servicio la ciudad como medida de presión para que sacara el concurso que ya había vencido en julio de 2022. A la segunda, en octubre pasado, al menos la misma adjudicataria presentó oferta, después de que se rebajaran las condiciones impuestas desde la administración municipal. Pero ahora, cuando se van a cumplir dos años desde que funciona en precario, el Ayuntamiento de León admite que la sociedad que se encarga de la grúa no cumple con las condiciones que se imponen en los pliegos del contrato, al no reunir «la solvencia económica exigida». De nuevo, el gobierno de José Antonio Diez admite que sacará un nuevo procedimiento, el tercero, «modificando las características en aras a conseguir una mayor concurrencia», a la espera de que sea la vencida.

La resolución llega seis meses después de que se cerrara el plazo de presentación de ofertas del segundo concurso y cuatro más tarde de que la empresa, Talleres Ladreda, la misma que explota el servicio desde 1978, notificara al consistorio, el 15 de diciembre pasado, el reconocimiento de que «no cuenta con la solvencia económica exigida en la documentación rectora». «Es decir, 175.000 euros, en el mejor de los últimos 3 años», como se expone en el documento del que se da cuenta en la junta de gobierno para declarar «desierto» el proceso.

La nueva negativa alarga más todavía en el tiempo una situación que viene dada por la «mala práctica administrativa de iniciar el nuevo expediente de contratación en fechas próximas al vencimiento del vigente», como advierte la Intervención municipal en su informe, en el que recalca que esta situación «da lugar a que se deba prorrogar irregularmente el contrato vencido hasta la adjudicación y entrada en vigor del nuevo». Pese a estos apuntes preceptivos, en la grúa la prestación del servicio en precario se procede después incluso de que la empresa avisara ya en julio de 2022 al gobierno de Diez de que, tras negársele la segunda prórroga del anterior contrato, lo dejaba.

La amenaza se cumplió a primeros de mayo del año pasado. Talleres Ladreda no atendió durante cuatro días las llamadas de la Policía Local, después de conocer que el nuevo pliego de condiciones del servicio, al que tenía intención de concurrir, aumentaba las exigencias por parte del Ayuntamiento de León. No sólo debía cumplir con la retirada, inmovilización y entrega de los vehículos mal estacionados en la vía pública, sino también con la gestión del depósito para liberar a los agentes de la Policía Local que están destinados en las instalaciones del paseo del Parque, anejas al cuartel.

Ni Talleres Ladreda, ni ninguna otra empresa acudió al concurso, y la adjudicataria restableció el servicio con el compromiso de que se cambiarían los requisitos. El Ayuntamiento de León eliminó la guarda del depósito, que hubiera obligado al concesionario a tener al menos tres personas más en plantilla, y además cambió las condiciones económicas. 

En lugar de un canon fijo de 90.000 euros, más otro variable de 100.000 euros, en función de los arrastres —30 euros en horario diurno, 40 en noches y festivos y 500 en caso de vehículos pesados y camiones—, la empresa adjudicataria cobraría 190.000 euros como tope anual, con independencia de cuántos coches se retiraran de la vía. Por debajo de esta cifra, la sociedad leonesa planteó una factura de 175.450 euros.

Con esta cuenta se cerraba la propuesta de adjudicación el 16 de octubre, sin que hubiera más ofertas. Pero luego, la empresa admitió que no cumplía el requisito de la solvencia económica: 175.000 euros en el mejor de los últimos tres años. Todo vuelve a empezar, tras dos años en precario que el Ayuntamiento de León ha dejado correr y que mantienen a Talleres Ladreda como beneficiario: la misma empresa que lo tiene desde 1978, primero con un acuerdo tácito que compartía con Hermanos García y, desde 2017, en solitario, tras un concurso público que ganó RMJ Transportes, marca de Grúas Merino, pero que se anuló un año y medio más tarde tras la denuncia de la concesionaria histórica por que se habían presentado como «comunidad de bienes» sin que viniera en los pliegos.