El modelo de Oficina Judicial de León no palía las carencias de magistrados

La carencia de jueces y magistrados que padece en la actualidad la provincia de León, extensible a la situación que se padece en el resto del país, no se palía con el sistema de Oficina Judicial puesto en marcha en la capital en verano de 2011, que lejos de resolver los problemas que se planteaban, está perpetuando el inconveniente. La provincia dispone en la actualidad de 45 plazas de profesionales.

Los jueces dan la bienvenida «a cualquier medida de mejora de la eficiencia procesal, digital o cualquiera otra que suponga la rebaja de la litigiosidad y la mejora de la gestión de la Oficina Judicial, cuya implantación se llevamos esperando hace ya muchos años, pero si no viene acompañada del aumento de la Ley de Planta y Demarcación, su implantación tendrá una eficacia uy limitada, por lo que se están creado unas expectativas que lamentablemente se verán frustradas». El caso de León es similar, pese a que el sistema lleva en marcha desde hace trece años: «El trabajo de la oficina judicial es auxiliar de la labor del juez que es el encargado de resolver los asuntos mediante sus resoluciones: providencias, autos y sentencias y no al contrario es decir, no puede constituir un fin en si misma».

La reflexión es parte del corolario elaborado por los profesionales de la magistratura, en su último cónclave. «Hasta el momento nuestras peticiones de creación de plazas basadas en estos criterios han sido ignoradas y finalmente desatendidas. Existen informes tanto del Servicio de Inspección del Consejo General del Poder judicial como del Ministerio de Justicia que pese a hacer referencia a estos criterios y manifestar que se basan en ellos no lo hacen, utilizando criterios de oportunidad política, y compensación territorial en muchas ocasiones.

Estudios varios

«Los jueces decanos hemos realizado diversos estudios en relación con el Informe del Servicio de Inspección del Consejo del año 2023 en el que se basaba la propuesta realizada al Ministerio de Justicia que constaba de 269 plazas de jueces unipersonales para todo el territorio nacional cuando las necesidades reales, solo de las capitales de las provincias que nos reunimos en el día de hoy y algunos partidos judiciales que no son capitales, superan las 500, por lo que se observa un desfase muy significativo», explican. Y todo ello sin contar con un análisis detallado de los partidos judiciales del resto de España y de las plazas que necesitan los órganos colegiados. El Ministerio de Justicia decidió crear el año pasado únicamente 70 unidades judiciales para todo el territorio nacional, lo que da una idea de la profunda discrepancia existente en esta materia. La prórroga de los Presupuestos Generales del Estado del año 2023 parece indicar cual será el número de plazas que se van a crear este año.

La principal reforma en materia procesal penal que se aborda en el Real Decreto es la presencia telemática de acusados, testigos y peritos en los actos procesales, incluido el acto del juicio oral. La implantación real de este sistema requerirá no solo una fuerte inversión en recursos técnicos sino también en reforma, acondicionamiento y ampliación de las sedes judiciales. Creemos que éstas, como únicos «puntos seguros de acceso», deberán , como poco, duplicar el número de salas de vistas/salas polivalentes… para poder albergar al gran número de intervinientes que «decidirán» , salvo resolución judicial en contra, participar en el proceso a través de su presencia telemática.

Con todo, este tipo de reformas están pendientes de aprobación definitiva en los dictámenes correspondientes establecidos por el legislador.

La eficiencia digital, un tema pendiente

 La denominada «eficiencia digital» se ha regulado obviando la realidad tecnológica de los juzgados de este país. En los últimos cuatro años se ha avanzado significativamente y es loable el esfuerzo que se ha hecho por las Administraciones con competencias en Justicia, pero ese avance no ha sido igual en toda España, la situación de los partidos judiciales es diferente dependiendo de quien ejerce esas competencias y aún dentro de cada territorio.

La precipitación de la reforma podría encontrar su justificación en la urgencia de los plazos para la obtención de los fondos europeos, pero no se ha acompañado de una memoria económica, ni de previsión ni dotación presupuestaria alguna. Los jueces se muestran preocupados por el hecho de que no habrá Presupuestos Generales del Estado.

MÁS EFICIENCIA

Las medidas de eficiencia digital requieren para su desarrollo que las Comunidades Autónomas con competencias en materia de Justicia acometan las inversiones que son precisas para su efectiva implantación lo que provocará que se consolide una Justicia de dos, tres o infinitas velocidades, de modo que la plenitud del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva dependerá del territorio donde el ciudadano impetre la actuación judicial ahondando en las desigualdades. Todo ello se quiere corregir por la vía de la adopción de las medidas más adecuadas.