Concepción exige otro juzgado de lo Mercantil para León por la saturación

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, José Luis Concepción, considera necesaria la creación de un nuevo juzgado de lo Mercantil en la capital, a la vista de la ingente carga de trabajo que soporta en la actualidad. Concepción presento ayer la Memoria 2023 del Alto Tribunal, que propone dotar a al capital de cuatro nuevos órganos judiciales en la capital (Primera Instancia, Instrucción, Penal y el citado de Mercantil) y dos para la cabecera del Bierzo (Familia y Contencioso-Administrativo).

«Ha de señalarse que con destacada prioridad en cuanto a la creación se solicitan los siguientes y por este orden: dos plazas de magistrado en la Audiencia Provincial de Salamanca; Juzgado de lo Social en Burgos; Juzgado de Primera Instancia en León; Juzgado de Primera Instancia e Instrucción en Miranda de Ebro; Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Ávila; Juzgado de Primera Instancia en Valladolid; Juzgado de Primera Instancia en Salamanca; una plaza de magistrado de la Sección Penal en la Audiencia Provincial de Burgos», explicó Concepción en la presentación del documento

Concepción ha dejado otra nueva muestra de sus discrepancias con el Gobierno actual y con la filosofía progresista: «Los jueces estamos acostumbrados a trabajar en España con los escasos medios que se nos procura y siempre por encima del nivel de dedicación exigible. Y ahora, también, expuestos no ya a la sana crítica deseable y conveniente en un Estado de Derecho, sino al insulto de quien discrepa de las resoluciones que dictamos», asegura desde Burgos.

«Hemos vivido estos últimos días el ataque perverso y despiadado a un juez por el solo hecho de incoar unas diligencias penales como consecuencia de una denuncia recibida. ‘Golpista con toga’, se le ha llegado a llamar. Se trata de un intento de deslegitimar a uno de los tres Poderes del Estado. Y solamente por cumplir con nuestro trabajo», protesta.

UNA PERFORMANCE

Aún así avisa: «No les quepa la menor duda de que, pese a los gratuitos ataques que recibimos y a la campaña de deslegitimación que desde determinados círculos políticos y mediáticos ha comenzado ya contra el poder judicial, apoyada en la performance que hemos vivido», dice el presidente.

Protesta el presidente del TSJCyL por la necesidad de recurrir constantemente a las medidas de refuerzo, que se han h echo patentes en León: «Las medidas de refuerzo también han consistido en prolongaciones de jornada a favor de Letrados de la Administración de Justicia y funcionarios de los Cuerpos Generales de la Administración de Justicia, para reforzar los Juzgados especializados en el conocimiento de la materia relativa a las condiciones generales incluidas en contratos de financiación con garantías reales inmobiliarias cuyo prestatario sea una persona física», describe.

Además, «hay que destacar las numerosas prolongaciones vigentes en la Oficina Judicial de León desde el momento de su implantación; y aquellas que tienen su origen en la existencia de jueces de refuerzo o en la elevada pendencia de asuntos que presentan algunos órganos judiciales, ya sea por razones coyunturales o estructurales», sostiene.

NÚMERO DE ASUNTOS

Si el número de asuntos registrados en todos los órganos judiciales de Castilla y León durante 2022 ascendió a 289.797 asuntos, durante el año pasado el registro global fue 296.927 asuntos (muy por encima de los asuntos ingresados en 2019, año en que ingresaron 277.247 asuntos). Son 7.130 asuntos más.

El nivel de resolución también ha experimentado una variación. Durante 2022, los juzgados y tribunales de Castilla y León resolvieron 278.187 asuntos, en tanto que en el año 2023 resolvieron 264.516. Esto es, 13.671 menos que el año anterior.

Los datos reflejan un ascenso en cuanto al número de asuntos ingresados y aunque se aprecia un ligero descenso en el número de asuntos resueltos «no debe entenderse como un descenso real puesto que no puede olvidarse que en el año 2023 hubo dos huelgas»; a saber, la primera de ellas la huelga de Letrados de la Administración de Justicia y la segunda de ellas la huelga de funcionarios de la Administración de Justicia, ambas en el primer semestre del año, con una duración total de enero a junio de 2023. Y es por ello que la capacidad de respuesta, por lo que a asuntos resueltos y resoluciones de los jueces y magistrados se refiere, fue extraordinaria y supuso un esfuerzo añadido a la carga de trabajo en el segundo semestre del año para solventar la paralización de la actividad del primer semestre.

«Los jueces españoles seguiremos siendo el último baluarte del ciudadano ante cualquier tipo de arbitrariedad. No hay otra solución que seguir defendiendo el Estado de Derecho con la Ley en la mano, pese a vituperios y escenificaciones», concluyó de nuevo en clave política