La última resistencia de la Ronda Interior de León, a días del desahucio

Ahí, en mitad de las zanjas, con las máquinas a sus espaldas, con las retroexcavadoras a la espera de entrar con la piqueta en alza sobre sus tejados, todavía quedan cuatro personas. Se cuentan con los dedos de una mano y sobra uno: una pareja en el número 14, donde ella vive desde que nació, hace 65 años; un parado en situación de vulnerabilidad social en el portal del 6 y un electricista con un taller desde hace 44 años en el bajo del 12. Son los últimos de la Ronda Interior. «Hay quien piensa que somos una molestia, pero tenemos que vivir en algún sitio. El día 3 de julio llega rápido...», avisan.

La fecha aparece en rojo en el calendario. La tienen marcada desde que el pasado 3 de mayo les notificó el Ayuntamiento de León que cuentan con dos meses para irse de sus casas y su taller, después de consignar sus indemnizaciones. No hay más moratorias. La retroexcavadora llama a la puerta y tienen que abrir. «Había una granja de pollos ahí en frente y bajaba la gente a tender la ropa. En aquella época nos juntábamos en el portal a comer las sopas de ajo. Era la calle de las huertas de un pueblo. Fueron encajonándonos con los edificios altos nuevos. Luego, derribaron la primera casa y poco a poco...», describe Concha Navarro, mientras se cubre la boca con el embozo para ahogar el sollozo que le brota: «Me entran unas ganas de llorar. Miro y veo a mis padres. Pensar que ahora me tengo que marchar…».

Se tiene que ir con un cheque de 47.777 euros que indemnizan sus 65 años en el piso cuyo alquiler heredó de sus padres. En 1957, cuando entraron, su madre «pagaba 500 pesetas y ganaba 1.000». Concha Navarro, con una discapacidad reconocida del 86% tras cortarle parte de una pierna, asumió después el recibo: una renta vitalicia de 21,34 euros mensuales. «Ahora, cógete un piso por no menos de 600 euros más gastos, después de mirar en medio León, cuando me queda una pensión de 1.300 euros para los dos. Menos aún en la zona donde vivimos porque, con la Universidad, los propietarios piden barbaridades por cuchitriles de cuatro habitaciones», relata su marido, Manuel Casal, quien insiste en que el Ayuntamiento no les ha realojado, con la justificación de que no tienen pisos propios, ni ayudado a buscar una alternativa «asequible». «De momento, no sabemos dónde iremos el 3 de julio», admiten.

Con su salida, que sigue a otros 33 inquilinos que se fueron antes, de acuerdo al expropiatorio, se demolerán las últimas doce casas que quedan de la manzana que encuadran las calles Alfonso El Justiciero y Fernando I. La otra veintena, pertenecientes a la primera fase, ya cayeron en noviembre de 2021. Pero hasta ese 3 de julio seguirán en su casa a la espera de hallar un alquiler en un mercado que supera sus posibilidades.

Las de Francisco Javier Tostón se ajustan a un subsidio social para mayores de 55 años. No tiene más que esa declaración de «vulnerabilidad social» en la que entran su «medicación para un infarto y la diabetes». Le queda apenas diez meses para jubilarse. Pero hasta entonces no puede pagar los «450 euros con gastos» que le piden «por un piso de dos habitaciones en la zona» e incluso «en «los alrededores de la ciudad», señala. Ahora, paga una renta antigua de apenas 100 euros desde 2010, cuando, después de separarse, se fue a vivir con un tío que ya falleció.

El Ayuntamiento de León le ha negado el realojo con el argumento de que «no tienen pisos propios, pero la Junta dice que faltan a la verdad», señala. De acuerdo al expropiatorio, sus derechos por el tiempo que lleva en el piso del número 6 de la calle Fernando I se ventila con un cheque de 5.300 euros, a los que espera sumar otra ayuda municipal para el alquiler que depende de la documentación que tiene que entregar el próximo 3 de junio. Sí ha entrado en «la lista de espera» de la administración autonómica para el realojamiento, pero por ahora tampoco hay una casa para este antiguo conductor de camiones y autobuses. «Me espero marchar el 3 de julio», emplaza, convertido en daño colateral de un expropiatorio global para el que la administración tenía guardados 3,4 millones de euros.

A su lado, Damián Martínez trastea entre el material de electricidad que acumula en el bajo del número 12 de la calle Fernando I. No tiene por ahora dónde llevar su negocio, aunque lleva meses «buscando». El local acumula 44 años de oficio que ahora le «liquidan con una miseria: 9.300 euros», más otros «1.200 euros de los intereses» que el Ayuntamiento de León todavía no le ha firmado. «Es vergonzoso», concede, pero no recurrirá a la justicia porque calcula que le iba a «costar más de lo que luego sacaría». «Hasta el día 3 seguiré aquí y después como no me paguen los intereses...», deja caer, mientras baja la trapa y mira a las máquinas que se acercan a apenas una docena de pasos de su puerta.

En frente está quien ha sido su casero. Pedro Fernández vivió en el tercero, pero se fue hace meses. Como propietario, la comisión provincial de valoración le reconoce una indemnización de 198.000 euros por la casa de Fernando I y otros 44.000 euros por el número 11 de Alfonso el Justiciero. Pero ha interpuesto una demanda ante el contencioso en la que reclama 1,18 millones y avisa de que «el expediente está lleno de irregularidades».

Entre ellos cita que «no han hecho una valoración de las viviendas in situ, ni han cumplido con la obligación de realojamiento, pese a que tienen dos pisos que justifican que son de tránsito para víctimas de violencia de género, ni notificaron la caducidad del anterior procedimiento...». Aunque, lo que más le molesta, remarca, es que a su tía «le liquidaron con 4.000 euros pese a que llevaba desde 1990 y le hicieron marcharse pese a que estaba con un tratamiento oncológico». A Pedro Fernández le han dado hasta el 8 de mayo, pero ya avisa de que, «si el Ayuntamiento no consigna el pago de los intereses de mora, que son otros 17.000 euros, interpondrá «un interdicto» y no desalojará su edificio.

El derribo cerrará un capítulo que se abrió en 1982, cuando el PGOU determinó que por encima de las casas debía discurrir la Ronda Interior con la que se desahogará el tráfico del Espolón, acrecentado desde que se peatonalizaron Carreras y la carretera de Los Cubos hace apenas un año. Sin sus casas ahí, avanzarán las obras para ejecutar el vial que tiene, después de dos prórrogas, un plazo límite el 24 de julio. No parece que se vaya a cumplir tampoco. Como mínimo se irán a final de agosto, si el derribo, contratado ya con una factura de 241.265,84 euros, no se puede iniciar hasta después del 3 de julio. En estos 42 años han estado «fuera de ordenación», como definía el consistorio a su limbo en el que sólo podían esperar. «El 3 de julio llega rápido», repite Javier Tostón.