León hace negocio para chatarra con cinco autobuses urbanos ya retirados

Ya no están en servicio. Pero, convertidos en un estorbo en las cocheras, el Ayuntamiento de León ha decidido hacer negocio con cinco autobuses urbanos que contabilizan ya 20 años en un caso y 18 en los otros cuatro. Su destino se aventura en el desguace, pero antes dejarán en caja un cheque no inferior a 5.747,5 euros, de acuerdo al tipo de licitación mínimo con el que se ha sacado a subasta su enajenación para chatarra.

El contrato, pendiente ahora del informe de adjudicación a la oferta más alta, permitirá que el Ayuntamiento de León se libre de los cinco autobuses que, después de haber agotado el tiempo de vida útil que se marcaba en compromiso de la concesionaria, fueron retirado de la carretera. 

Cada uno de ellos parte con un tipo de licitación de 997,50 euros, como se recoge en el informe, que detalla que el más viejo se matriculó el 20 de julio de 2004, mientras que los otros cuatro cuentan con placas estrenadas el 21 de diciembre de 2006. Todos fueron ya declarados «efectos no utilizables por acuerdos de la junta de gobierno local», al tratarse de «bienes que por su deterioro, depreciación o deficiente estado de conservación resultaren inaplicables a los servicios municipales o al normal aprovechamiento, atendida su naturaleza y destino».

Los autobuses urbanos forman parte del contrato firmado por el Ayuntamiento de León con Alesa, en el que se fija que vencida la vida útil pertenecen a la administración. La amortización se ajusta a los años en los que el consistorio ha cumplido con el pago a la empresa, filial de Alsa, que percibe 7,5 millones de euros anuales, de los cuales la administración tiene que asumir como déficit en cada anualidad cerca de 5,7 millones de euros, dado que el billetaje ingresado por los usuarios apenas llega a los 1,8 millones de euros.

La concesión se abrió el 1 de enero de 2007 y, pese a que debía haber acabado en enero de 2022, se prolongó hasta el pasado 31 de marzo para enjugar los efectos de la pandemia. Este plazo ya ha vencido, pero el gobierno de José Antonio Diez, que tildó el contrato como «el peor de España» cuando estaba en la oposición lo ha prorrogado de forma indefinida mientras pacta con la Junta un servicio coordinado.